En medio de una pandemia que aún no cede en nuestro país y de una recesión a la cual todavía no le vemos un final claro, muchos mexicanos se preguntan quién podrá defenderlos ante esta doble crisis. El jueves 12 de noviembre, la Cámara de Diputados les mandó una respuesta clara: “el presupuesto federal, no. No contaban con nuestra austeridad”.

El presupuesto aprobado hace unos días no da respuesta efectiva a la pandemia ni reactivará la economía en el corto plazo; menos aún sentará las bases para una mayor competitividad y crecimiento en años por venir. El IMCO lo ha llamado un presupuesto inmune a la pandemia porque en lugar de activar el gasto público focalizado y oportuno como herramienta de defensa ante la situación, asigna recursos como si el 2020 no hubiera existido.

El programa de gasto público que muchos imaginamos contenía programas focalizados y temporales para apoyar a MiPyMEs en problemas y a personas desempleadas o que enfrentan ingresos muy reducidos; incluía recursos etiquetados para adquirir, distribuir y aplicar la vacuna contra el covid-19; fortalecía al IMSS y al ISSSTE no solo para atender la pandemia sino para asegurar que otros padecimientos no se vean descuidados; invertía en la capacitación de profesores y servidores públicos para que puedan adaptarse a la nueva realidad de la educación y el trabajo a distancia; incurría en endeudamiento neto adicional, sí, pero no para financiar lo mismo de siempre, sino para permitir una expansión temporal del gasto público como un fuerte impulso contracíclico.

En cambio, México recibió de los diputados el presupuesto que el Ejecutivo Federal dispuso. A los proyectos de Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía y el Corredor Transístmico, cuya viabilidad, rentabilidad y conveniencia sigue siendo cuestionada, se les da un 93% más de recursos. Basados en la creencia -hasta ahora, injustificada con estudios de rentabilidad serios- de que se convertirán en la máquina de vapor que traerá la prosperidad al país, los diputados echan más carbón al motor de la locomotora de estos grandes proyectos, sin la certeza de que este sea el mejor uso para los recursos públicos escasos en estos momentos de dificultad.

Los programas sociales continúan su operación habitual y ejercerán 277 mil mdp en 2021. Sí, con amplios apoyos para adultos mayores, estudiantes de educación media y para el mejoramiento urbano, pero sin un programa específico -bien diseñado, con transparencia, reglas de operación y parámetros claros para su evaluación- para apoyar a los negocios y personas que han padecido las consecuencias de la actividad económica reducida.

Pero quizá el presupuesto revela aún más por los recortes que contiene, por su austeridad, entre los que asombra la caída real de 1.5% en el gasto para atención de la salud en el IMSS y el ISSSTE, y la invisibilidad de los recursos que se obtendrán de la cancelación de fideicomisos, la rifa del avión y el Fondo de Salud para el Bienestar, recursos cuyo destino, tras 40 horas de discusión en Pleno, ningún diputado pudo identificar en el presupuesto. También, la eliminación del FORTASEG (4 mil mdp en 2020), que servía para capacitar y equipar policías municipales, y el recorte a la Fiscalía, el INE y el INAI.

Mientras alrededor del mundo muchos países están conscientes de que es momento de reconfigurar el gasto público para atender una crisis económica y de salud pública que será el evento de una generación, el presupuesto mexicano sigue pensando en trenes, refinerías y transferencias directas que ayudan de poco en estos momentos. Quizá, el presupuesto no tenía los ojos puestos en la pandemia y en la recesión, sino en la elección de 2021.

Publicado por Animal Político
19-11-2020