La raíz de las palabras revela los propósitos ocultos de las cosas. El economista Jorge Chávez Presa tuvo la curiosidad semántica de averiguar el origen del vocablo “hacienda” en el contexto específico de las finanzas públicas. La sonoridad de la palabra da una buena pista sobre el significado fundacional del concepto. En un diccionario del siglo XIX, Chávez Presa encontró que la palabra hacienda implica la capacidad de “hacer”. Los impuestos no son un fin en sí mismo, sino un insumo financiero para hacer y lograr.
México lleva más de una década atrapado en una discusión sobre cómo fortalecer al erario. Las propuestas de reforma fiscal que han naufragado en el Congreso asumieron el aumento en la recaudación tributaria no como una herramienta, sino como el fin de engordar las arcas del gobierno. Con estas iniciativas, la autoridad buscaba extraerle más recursos a la sociedad sin explicar a detalle qué quiere hacer con los tributos adicionales.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) ha logrado explicar con claridad y contundencia para qué debemos apoyar un cambio estructural en nuestro sistema tributario. El México del 2012 es un libro que construye un puente entre la reforma a la hacienda pública y una transformación de fondo en el sistema de protección social. Los autores Jorge Chávez Presa, Fausto Hernández y Luis Felipe López-Calva ofrecen un rediseño a la lógica con que el Estado mexicano obtiene y gasta los recursos fiscales. La publicación del CEEY contó con los comentarios de un grupo plural de personas, con distintas visiones ideológicas, entre quienes se encuentra el que esto escribe. De acuerdo a la propuesta, la reforma hacendaria generaría los recursos para sufragar un paquete mínimo de derechos sociales, financiable mediante impuestos universales.
El sistema mexicano de protección social se sustentó en la capacidad de la economía para generar empleos formales. El IMSS se aboca a atender a los trabajadores del sector privado y el ISSSTE al personal del gobierno. Este esquema dejó fuera de la red de protección social a millones de mexicanos que subsisten en la economía informal. Para atender a este universo de la población se creó una infraestructura paralela de sistemas de salud, que es financiada mediante el Seguro Popular. La propuesta del CEEY busca consolidar un solo sistema de protección social, más allá de la condición laboral de los beneficiarios. El estudio tiene coincidencias importantes con una propuesta del economista mexicano Santiago Levy, que busca unificar la constelación de instituciones dedicadas a proveer salud pública en México.
De acuerdo con los autores del estudio, la arquitectura de un piso mínimo de derechos para los mexicanos costaría cerca de un 5% del PIB. Para fortalecer la economía formal, ni las empresas ni los trabajadores tendrían que pagar cuotas al IMSS y al ISSSTE. Como aliciente adicional a la formalidad, la principal fuente de financiamiento sería un IVA generalizado al 16%, ya que este impuesto no produce desincentivos ni a la inversión, ni al empleo. Para contrarrestar el efecto regresivo del IVA se propone una transferencia directa de recursos al 20% más pobre de la población. Para completar la bolsa adicional de recursos se propone terminar con el pecado más irracional de las finanzas públicas mexicanas: los subsidios a la energía y especialmente a las gasolinas.
El documento del CEEY no propone una reforma fiscal sino un nuevo pacto social. Este acuerdo permite imaginar un país con mayor igualdad de oportunidades, finanzas públicas sanas y una economía más competitiva. Supongamos que el o la próxim@ president@ de la República hiciera sólo una cosa durante todo su sexenio y, para el año 2018, México logra tener un verdadero paquete de derechos sociales con sustentabilidad financiera. Si se logra eso, y sólo eso, se habrá dado un paso fundamental para transformar a México.
