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    Autor: Carolina García

    Carolina García

    Carolina García | @CarooGarciaa

    Cada año el Gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y otros entes obligados enfrentan la tarea de determinar los montos y destino de cada peso que disponen a lo largo del año. La aprobación del presupuesto no es una cuestión menor, por ello, es necesaria la intervención de la Cámara de Diputados, congresos locales o cabildos.

    Los gobiernos municipales son los encargados de proveer bienes y servicios como seguridad pública, agua potable, alumbrado, drenaje, recolección de basura, entre otros. En 2016,  los municipios y delegaciones gastaron un total de 436 mil 514 millones 442 mil 992 pesos, equivalente al gasto federal en educación y salud para 2016. El cómo y dónde se destinan los recursos públicos es de particular interés, ya que su mala presupuestación ocasiona una afectación directa a las personas. A pesar de su importancia, la información presupuestal que proporcionan gran parte de los municipios y delegaciones es opaca, dispersa, incompleta o inexistente.

    Desde 2009, el IMCO elabora el Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM), que tiene como propósito medir y mejorar la transparencia presupuestal. En 2017, se evaluó  453 gobiernos municipales bajo 85 criterios divididos en 9 secciones. Aunque estos solo representan el 18% de los municipios totales, ejercen el 67% del gasto, generan el 95% del PIB y cuentan con el 68% de la población. Para la elaboración del Índice se tomaron en cuenta las leyes de ingresos y presupuestos de egresos publicados de manera oficial en los periódicos estatales, gacetas municipales o actas de cabildo, así como la disponibilidad de los presupuestos ciudadanos. Con base en estos documentos, se evaluó su armonización contable y el contenido del gasto presupuestado para poderes, secretarías, sueldos y salarios, deuda pública, criterios de reasignación y excedentes, entre otros.

    Para la novena edición, el promedio general de cumplimiento del IIPM es de 42%, solo 7 puntos porcentuales arriba del 2016. No obstante, el cumplimiento en 60 de los 85 criterios evaluados fue menor al 50%. Esto nos muestra que aun con la mejora en el promedio, como ciudadanos seguimos sin saber a dónde se dirige nuestro dinero.

    ¿Quiénes fueron los estados mejor y peor evaluados? 

    Coahuila sigue siendo el único estado que logra el cumplimiento total de los criterios para cada uno de sus municipios. Puebla obtiene una calificación promedio del 90%, al conseguir que gran parte de sus municipios evaluados cumplan con una ley de ingresos y presupuesto de egresos con información de calidad. Por el contrario, estados como Oaxaca, Tlaxcala y Ciudad de México continúan sin tener  la información mínima necesaria sobre los recursos públicos que disponen. En el caso específico de la Ciudad de México, resulta preocupante que sus delegaciones desglosen presupuestos superiores a 3 mil millones de pesos en 6 líneas. En total, las delegaciones gastaron 38 mil 567 millones de pesos, equivalente al presupuesto de 82 municipios.

    En comparación con la edición pasada del IIPM, 267 municipios mejoraron, 61 se mantuvieron sin cambios y 125 empeoraron. Lo que nos refleja que a diferencia del Gobierno federal y los gobiernos estatales, los municipios enfrentan mayores retos de acceso a la información. De los municipios evaluados, 30 no tienen un sitio web donde se publique información oficial y relevante del gobierno, además, la mayoría de los sitios electrónicos municipales no contaban con la información requerida, al no encontrarse 131 presupuestos de egresos y 57 leyes de ingresos.

    La evidencia es contundente: la falta de continuidad en los gobiernos locales ocasiona retrocesos de los avances logrados en transparencia presupuestal.

    Como ciudadanos debemos preocuparnos cuando un gobierno municipal no esté transparentando el destino de los recursos que afectan la vida diaria de las personas. Es necesario poner fin a la reinvención de los gobiernos municipales cada tres o seis años. Por ello, el IMCO propone:

    1. Establecer en la legislación estatal la estructura e información mínima que los municipios deben de incluir en sus presupuestos de egresos.
    2. Asistir técnicamente a los municipios en transparencia presupuestal a través de los Órganos de Fiscalización locales.
    3. Implementar un servicio civil de carrera en áreas técnicas de la administración pública municipal, como contralorías, tesorería y transparencia.

    Publicado por Animal Político
    21-03-2018

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