Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
A los Ministros de la Suprema Corte de Justicia
A los miembros del Senado de la República
A los miembros de la Cámara de Diputados
A los líderes de los Partidos Políticos
A los Gobernadores de los Estados de la República
A las Legislaturas de los Estados de la República
A los miembros de la sociedad mexicana
La corrupción es un problema fundamental en nuestro país. Es un fenómeno transversal: afecta las políticas públicas y mina la confianza social hacia todos los poderes y actores políticos. De otra parte, la multiplicación de los escándalos de corrupción y conflicto de interés, y la falta de una respuesta institucional articulada y convincente ha hecho evidente la magnitud del problema y la urgencia para resolverlo en forma definitiva. Y ante el comienzo del proceso electoral del 2015, es ya evidente que los partidos políticos abordarán el fenómeno en sus campañas, ensanchando aún más la percepción de deterioro y pasividad institucional en torno del tema.
Afortunadamente, durante años, diversas organizaciones de la sociedad civil han consensuado una propuesta para el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que es un complemento esencial a las reformas constitucionales y legales de transparencia y acceso a la información.
El Sistema Nacional Anticorrupción propuesto parte de tres premisas:
• Debe ir más allá de lo punitivo y atender las causas de la corrupción
• Debe existir inteligencia institucional contra la corrupción
• Debe integrar un entramado institucional de pesos y contrapesos para evitar la corrupción y sancionarla cuando se presente
El sistema propuesto se basa en 4 instituciones fundamentales:
1. Un Tribunal Federal de Cuentas autónomo, con capacidad de sancionar actos de corrupción de funcionarios y particulares, de recomendar en forma vinculante reformas a procedimientos que fomentan o permiten actos de corrupción sistemática, y con capacidad de sancionar actos de corrupción en los tres órdenes de gobierno.
2. Una Fiscalía especializada en materia de corrupción en los tres órdenes de gobierno, con autonomía plena de gestión y suficiente capacidad operativa profesional.
3. La Auditoría Superior de la Federación fortalecida, con autonomía de gestión, con capacidad de auditar en tiempo real y de integrar expedientes de oficio, realizando funciones de control externo para todos los gobiernos
4. La Secretaría de la Función Pública fortalecida, con contralores de carrera que funjan como una auditoría interna, dependientes del Ejecutivo.
El Sistema Nacional Anticorrupción debe partir de una amplia reforma a la Constitución y de la expedición de nuevas leyes generales en materia de corrupción, fiscalización y control interno, así como de leyes que le den organicidad a las nuevas instituciones aquí planteadas. En conjunto y coordinadamente, este sistema debe involucrar la participación de los tres poderes de la Unión y de los poderes públicos de las entidades federativas. A su vez, este sistema sólo puede funcionar con una Ley General de Transparencia acorde con los principios constitucionales vigentes, misma que actualmente está bajo discusión en el Senado de la República.
Por lo anteriormente expuesto, los miembros, colaboradores y amigos del Centro de Estudios Espinosa Yglesias que respaldamos esta propuesta consideramos que el país requiere acción inmediata para iniciar el establecimiento de un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción, que parta de las premisas mencionadas y esté constituido por los cuatro pilares descritos. Por lo mismo, pugnamos por mantener la vigencia plena de los principios constitucionales en materia de transparencia en la ley reglamentaria actualmente bajo análisis legislativo.
DESCARGAS:
Desplegado Por un Sistema Nacional Anticorrupción
Proyecto de Dictamen en Materia del Sistema Nacional Anticorrupción