A partir del auge petrolero que inició con la explotación del yacimiento de Cantarell en el Golfo de México a finales de la década de los setenta, el Estado mexicano ha recibido un flujo constante de recursos multimillonarios provenientes de la extracción de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos.
En los últimos 48 años –entre 1977 y 2024– los ingresos petroleros representaron una cuarta parte (24%) del total de ingresos del sector público federal. De estos recursos, aproximadamente la mitad fue captada por Petróleos Mexicanos (Pemex), y la otra mitad por el Gobierno Federal, principalmente a través del cobro de impuestos y derechos a la petrolera estatal.
Ahora que la producción de petróleo es apenas una fracción de lo que fue hace algunos años y enfrenta una declinación constante; ahora que las economías en todo el mundo avanzan hacia la despetrolización, vale la pena preguntarnos si supimos “administrar la abundancia”, en alusión a la tristemente célebre frase pronunciada por José López Portillo en 1977.
Desafortunadamente, ni el Estado mexicano, en general, ni Pemex, en lo particular, han gestionado adecuadamente los ingresos provenientes de la explotación de aquellos recursos que, por su propia naturaleza, tarde o temprano se agotarán.
Por tratarse de recursos no renovables, los ingresos petroleros debieron ahorrarse en un fondo soberano: un vehículo de inversión administrado por el Estado. Sin embargo, el Fondo Mexicano del Petróleo –creado precisamente con ese fin, aunque un diseño fallido que ha limitado su funcionamiento– apenas acumula 22.7 mil millones de pesos al cierre de 2024. En contraste, el fondo soberano de Noruega, que administra la renta petrolera de ese país, alcanza un valor de mercado 1,586 veces mayor: 36.1 billones de pesos.
En su defecto, estos recursos pudieron haberse destinado a la adquisición de bienes de capital o infraestructura pública –puertos, aeropuertos, carreteras, redes de transmisión eléctrica– que incrementaran la capacidad productiva de la economía mexicana. Pero ante la falta de trazabilidad de los ingresos petroleros, es imposible saber con certeza si se usaron para programas o proyectos específicos. Si tomamos como referencia las cifras de gasto de las últimas tres décadas, todo apunta a que menos del 15% de la renta petrolera terminó financiando infraestructura pública.
En cuanto a Pemex, la petrolera tampoco ha sido capaz de gestionar de manera eficiente los recursos que administra. A pesar de la reducción sostenida de su carga fiscal en los últimos años –la tasa del principal derecho que pagaba pasó de 65% en 2019 a 30% en 2024– la empresa sigue enfrentando un panorama financiero y operativo desfavorable que, según sus propios auditores externos, pone en duda su capacidad para continuar operando y cumplir con sus obligaciones de pago.
Incluso el nuevo régimen fiscal de Pemex, que entró en vigor este año con la creación del “Derecho Petrolero para el Bienestar” y que reducirá aún más su carga tributaria de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), no garantiza una mejor gestión de los ingresos de la empresa al no resolver aquellos problemas estructurales que enfrenta.
Al ritmo de producción actual –y si no hay nuevos descubrimientos– las reservas totales de petróleo y gas natural de México se agotarían en aproximadamente 24 años. Ante esta perspectiva, la pregunta es inevitable: ¿haremos lo correcto con los recursos que nos quedan, pensando en beneficio de quienes vivirán cuando ya no tengamos petróleo, o desperdiciaremos nuevamente esta oportunidad?
Publicado en Animal Político
17-04-2025
