La respuesta más antigua a la pregunta del título sería: el habitante de una ciudad. Sin embargo, una respuesta más moderna afirmaría que ser ciudadano no implica una procedencia geográfica, sino el ejercicio de un conjunto de capacidades y herramientas que la ley define como derechos. La ciudadanía nació como un privilegio. Sólo un grupo reducido de individuos podía portar su caja de herramientas jurídicas que los protegía de los abusos de la autoridad y les permitía participar en la toma de decisiones colectivas.
En la Inglaterra del siglo XVII, sólo los propietarios de tierra, del sexo masculino, de piel blanca se podían plantar frente a la urna y emitir su voto para elegir a un miembro del parlamento. Al paso de las generaciones y los siglos, la noción de igualdad republicana empezó a democratizar el paquete de utensilios jurídicos que define a la ciudadanía. En la norma, los varones sin tierra ganaron derechos equivalentes a sus pares latifundistas. La religión, la pigmentación de la piel, el analfabetismo o el sexo dejaron de ser una barrera para determinar la respuesta de quién es un ciudadano. Es curioso que los mexicanos utilizamos con frecuencia la frase “no estamos en Suiza” para ilustrar que nuestro país tiene mucho camino por recorrer para acceder a niveles superiores de modernidad y civilización. Las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho al voto en 1947, mientras que las suizas no pudieron sufragar en elecciones federales hasta 1971.
La noción de ciudadanía que tenemos hoy es muy distinta a la que tenían nuestros antepasados. Es probable que en unas décadas el concepto también sea distinto. Esa evolución dependerá de que las personas accedamos a herramientas y derechos que hoy no podemos concebir o ejercer a plenitud. En 20 siglos el martillo evolucionó muy poco, pero el taladro es una invención que apantalló a nuestros abuelos.
¿Cuáles serán los derechos que determinarán el concepto de ciudadanía en el siglo XXI? Sospecho y anhelo que la rendición de cuentas y la transparencia de información que tendremos mañana será mucho más vasta que la que tenemos hoy. En el futuro, la rendición de cuentas no sólo aplicará para el presidente de la República y los secretarios de Estado sino también para el médico que te operó de las anginas y el carnicero que te vendió un filete con clembuterol.
El martes pasado, la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, anunció el lanzamiento de una iniciativa internacional para promover gobiernos más transparentes y ciudadanos mejor informados (http://www.opengovpartnership.org). El Comité Directivo de esta iniciativa está formado por representantes de ocho países y nueve organizaciones sociales, entre las que participa el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Con la interacción de la sociedad civil y el gobierno, cada país buscará mejorar la rendición de cuentas no sólo de los presupuestos, sino también del impacto y la calidad de los servicios públicos.
Gracias al trabajo del IFAI, México es considerado un campeón internacional en temas de transparencia. Sin embargo, esos laureles se marchitarán pronto si no nos ponemos las pilas. Brasil trae un programa para divulgar los pagos con tarjeta de crédito realizados por servidores públicos. Indonesia tiene un sistema para detallar los costos y tiempos de construcción
de cada una de las decenas de miles de casas que fueron edificadas después del tsunami del 2004. Gran Bretaña difundirá el desempeño de los servicios públicos, desde la puntualidad de un tren hasta la tasa de mortalidad de un hospital.
Aún es temprano para juzgar el nivel de compromiso y voluntad política que cada país pondrá detrás de la iniciativa a favor de gobiernos abiertos. Sin embargo, el proyecto está basado en una premisa de optimismo con fundamento histórico: la idea de ciudadanía no es un concepto estático. A tu caja de herramientas todavía le queda espacio para un desarmador de opacidades y una cinta métrica de resultados.
