En los últimos días se ha considerado la posibilidad de que la nueva administración federal cree una nueva Secretaría de Pesca.
Independientemente de si ésta es una solución apropiada para los problemas del sector, al menos denota cierto interés por una actividad que sin duda lo amerita.
México es el país de América Latina con mayor extensión litoral; sin embargo, somos el lugar 28 a nivel internacional respecto de las exportaciones de capturas marinas por kilómetro de costa. Con ello, nos situamos muy por debajo de Perú y Chile, que ocupan el tercer y quinto lugar respectivamente, pese a que Perú tiene cuatro veces menos costa que México y el litoral chileno es 60% el mexicano.
Por otro lado, el sector pesquero mexicano se encuentra cada día más amenazado. De acuerdo con la “Carta Nacional Pesquera” (documento que muestra el estado de las pesquerías del país), en el 2000, 31% de las pesquerías mexicanas tenía potencial para desarrollarse, mientras el resto se encontraba en su máxima capacidad o sobreexplotado. Diez años más tarde, sólo 16% de las pesquerías tenía potencial de ser explotado, a pesar de que la Carta consideraba el doble de especies. En pocas palabras, nos estamos acabando nuestros recursos pesqueros.
Ahora bien, la pregunta es si una nueva Secretaría de Pesca podría revertir dichas tendencias. Tras un análisis exhaustivo del sector que ha hecho el Imco con otras instituciones expertas del sector -y que daremos a conocer en un mes- consideramos que son otras las prioridades. Si bien existe una sobrerregulación del sector, falta de información y duplicidades entre programas, solucionar dichos problemas se pueden reorientar bajo el arreglo institucional actual.
Chile, por ejemplo, ha logrado mantener su producción y revertir el deterioro de sus pesquerías a través de una Subsecretaría de Pesca que se ha enfocado en crear mercados de cuotas de capturas pesqueras, donde los particulares intercambian dichas cuotas y vigilan el recurso. Para el caso particular de México, más que una Secretaría nueva se requiere hacer una reingeniería de los subsidios al sector, para así promover una mejor administración del recurso entre los pescadores y disminuir una de sus principales amenazas: la pesca irregular.
