Por: Oscar Ocampo, Coordinador de Energía y Sonia Mancera, Practicante de investigadora
A unos días de concluir, quizá el principal legado de la cumbre de cambio climático COP26 en Glasgow sea el reconocimiento de que acelerar la transición energética depende de una multiplicidad de actores más allá de los gobiernos centrales. Específicamente el papel de las instituciones de financiamiento, públicas y privadas, ha tomado un lugar preponderante. Sin recursos no hay transición energética viable.
En el marco de la cumbre, más de 20 países anunciaron que dejarán de financiar proyectos de combustibles fósiles en el extranjero al final del próximo año. Esto incluye proyectos de petróleo y gas; en este sentido el acuerdo va más allá del objetivo del G7 que buscaba financiar el desarrollo de carbón en el extranjero.
De igual manera, cerca de 500 instituciones financieras que representan $130 billones de dólares se comprometieron a alinear sus inversiones con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para mantener el aumento en la temperatura global en un máximo de 1.5° centígrados por encima de los niveles preindustriales, al inicio de 2021 las instituciones con estos compromisos representaban activos por únicamente 5 billones de dólares. Estas empresas representan alrededor de 40% de los activos financieros mundiales.
El compromiso voluntario de actores clave del sector financiero (bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, bolsas de valores y agencias de calificación crediticia) de contribuir a la reducción de la huella de carbono a partir de las empresas en las que invierten y realizan préstamos, es reflejo del mayor peso de actores no estatales en la acción medioambiental. En otras palabras, la transición energética conlleva necesariamente una descentralización en la toma de decisiones.
Este acuerdo implica que las empresas deberán ajustar sus modelos comerciales, desarrollar planes creíbles para enfrentar la transición energética, e implementarlos. Asimismo se buscará que las empresas rindan cuentas y den a conocer todos los riesgos involucrados en las inversiones. Estos no solo incluyen los daños para el medio ambiente, sino que se deberán aclarar el costo a las finanzas públicas y a la salud de las personas.
Los países más competitivos en los años por venir serán aquellos que tomen con seriedad la protección al medio ambiente y logren captar mayores montos de inversión en proyectos de descarbonización de la economía y mitigación del cambio climático. No hacerlo implica una reducción en las posibilidades de financiamiento para proyectos, tanto por parte de gobiernos como del sector privado. En el fondo, los resultados de la COP26 reflejan que el compromiso con la reducción de emisiones será tan relevante para los países en materia de competitividad como cumplir con los compromisos establecidos en los tratados comerciales internacionales.
No tomar medidas contundentes contra el cambio climático no solo es una falta de solidaridad para resolver el problema de acción colectiva más grande de la historia, sino es, además, un mal negocio en términos de competitividad.
Publicado en Animal Político.
11-10-2021
