El Gobierno Federal propone modificaciones a las compras públicas; el reto estará en la implementación.
El 14 de marzo de 2025 se presentaron dos iniciativas en la Cámara de Diputados para regular las contrataciones realizadas con recursos federales. Las reformas buscan fortalecer la transparencia y la competencia en las contrataciones públicas a nivel federal con el objetivo de impulsar una mayor sostenibilidad y combatir la corrupción.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó estas modificaciones que se enfocan en problemáticas permanentes en las compras públicas, como el uso excesivo de la adjudicación directa, la discrecionalidad en la selección de contratistas y la participación de empresas riesgosas, y buscan atender retos como la incorporación de cooperativas como proveedoras del Estado. Sin embargo, algunas propuestas presentan desafíos que deberán considerarse en el proceso de implementación. A continuación, se enlistan los principales cambios y se analizan los desafíos para que las propuestas sean exitosas en la práctica:
- Digitalización de las compras públicas.
Propuesta incluida en las iniciativas: Crear la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas y, dentro de esta, establecer una Tienda Digital del Gobierno Federal que permitirá realizar asignaciones ágiles de bienes de uso común, como los insumos de papelería. Esta nueva plataforma reemplazará el sistema actual de compras públicas a nivel federal, CompraNet, implementando tecnología que permita automatizar todas las etapas de compra y dar seguimiento al gasto público.
Desafíos de implementación:
- Garantizar que la nueva Plataforma utilice un software que se aloje en los servidores de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción. Es decir, que no dependa de un proveedor único para su funcionamiento como sucedió con CompraNet.
- Conservar la información histórica de contratos disponible en CompraNet en la nueva herramienta.
- Diseñar una estrategia para que las instituciones públicas puedan realizar la transición entre plataformas de forma exitosa considerando las cargas administrativas de los servidores públicos.
- Implementación de nuevas figuras de contratación.
Propuesta incluida en las iniciativas: Establecer de manera obligatoria las compras consolidadas para ciertos bienes y servicios con la participación de las Secretarías de Buen Gobierno y Anticorrupción y de Hacienda y Crédito Público en la planeación estratégica y ejecución. Estas dependencias elaborarán una investigación de mercado obligatoria para todas las instituciones de la Administración Pública Federal, con el objetivo de conocer las condiciones de los bienes, los precios y las condiciones de mercado. Asimismo, se propone establecer un proceso competitivo que permita seleccionar posibles proveedores previo a la celebración de contratos e incluir la subasta inversa como un mecanismo a utilizar en los procesos de invitación restringida y en las investigaciones de mercado.
Desafíos de implementación:
- Crear mecanismos de coordinación efectiva entre dependencias dado que una secretaría va a hacer la planeación y otra va a ejecutar las compras consolidadas. Es decir, que se mantenga un objetivo común, y con ello que compartan oportunamente información.
- Reducir el riesgo de desabasto dado que las instituciones no podrán comprar ciertos bienes y servicios de forma individual una vez que se establezca el esquema de compras consolidado. Para esto, será fundamental fortalecer las capacidades de planeación.
- Establecer candados de seguridad para evitar filtraciones de información en las subastas. La utilización de esta figura en los estudios de mercado puede implicar un incentivo perverso para los potenciales proveedores, ya que pueden presentar un precio inicial bajo que sea imposible de sostener en la etapa de adjudicación.
- Adoptar o incorporar procedimientos como el diálogo competitivo o la adjudicación directa con estrategia de negociación.
Propuesta incluida en las iniciativas: Formalizar el diálogo competitivo como un mecanismo de comunicación con proveedores preseleccionados hasta alcanzar una negociación en beneficio del Estado. Se fomentará para conocer especificaciones técnicas de los bienes y así como encontrar las mejores condiciones en casos de productos complejos o innovadores. La adjudicación directa con estrategia de negociación se plantea como una alternativa para los casos en que se necesite comprar con urgencia justificada.
Desafíos de implementación:
- Realizar monitoreo constante, dado que los diálogos entre funcionarios y empresas incrementa el espacio de contacto y, por lo tanto, el riesgo de corrupción.
- Asegurar que la adjudicación con negociación se utilizará en casos estrictamente necesarios y justificados. Como ha documentado el IMCO, en ocasiones se abusa de la figura de urgencia para realizar adjudicaciones directas de manera rápida sin que existan las condiciones para esto.
- Establecer condiciones favorables para sociedades cooperativas, Mipymes y grupos de atención prioritaria.
Propuesta incluida en las iniciativas: Para promover la participación de sociedades cooperativas en la contratación pública, se propone que existan certificaciones para estas instituciones y la implementación de un padrón a cargo del Instituto Nacional de la Economía Social de la Secretaría de Bienestar.
Desafíos de implementación: Establecer estrategias para la implementación y seguimiento de una certificación oportuna de estas sociedades a través de apoyo técnico, de forma que puedan ser competitivas en los procesos de contratación y su participación no se quede en una buena intención.
- Evitar conflictos de interés y tráficos de influencias.
Propuesta incluida en las iniciativas: Prohibir la contratación de personas morales con funcionarios designados por la persona titular del Ejecutivo Federal. Se hace énfasis en evitar la contratación con empresas que tienen socios inhabilitados, que han incurrido en prácticas monopólicas, o que tengan un patrón de incumplimiento previo en contratos. También, se incluye el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción y se determinan reglas para asegurar el cumplimiento de los acuerdos de conciliación entre el gobierno y los particulares.
Desafío de implementación: A pesar de que el IMCO ha documentado la contratación con empresas riesgosas, hasta ahora no se ha logrado terminar con este fenómeno. En este sentido, los cambios propuestos deben tener aparejados los instrumentos precisos -especialmente a nivel tecnológico- para evitar la contratación con empresas sancionadas, fantasma o con prácticas irregulares.
- Planeación de obras públicas, estudios de mercado y adjudicaciones directas y propuestas perfectibles.
Propuesta incluida en las iniciativas: Otorgar la facultad para que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno emita lineamientos para la planeación de obras públicas. También, se establece que las instituciones públicas deben realizar sondeos de mercado para obtener información sobre mano de obra, maquinaria, equipo para construcción y posibles licitantes, y así diseñar procesos de contratación coherentes con las condiciones de mercado vigentes.
Asimismo, se propone disminuir el porcentaje del monto para contratar obra pública por adjudicación directa -de 30% a 20% del presupuesto de las dependencias- y se abre la posibilidad que las propuestas puedan modificarse una vez presentadas cuando no cambie el sentido
Desafíos de implementación: Aunque la figura de sondeos de mercado ya está establecida en la ley, en la práctica ha sido difícil que las instituciones realicen investigaciones detalladas que les permitan contar con información suficiente. Por esto, la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción deberá:
- Implementar un instrumento, basado en las nuevas tecnologías, que permita hacer eficiente esta etapa y garantice investigaciones de mercado imparciales y basadas en evidencia.
- Monitorear la adjudicación directa por parte de la Secretaría de Anticorrupción para evitar el abuso de esta figura.
- Proyectos estratégicos y participación de las fuerzas armadas.
Propuesta incluida en las iniciativas: En las modificaciones se incluye una mención específica a los programas prioritarios o proyectos estratégicos, lo cual reitera su importancia para el Gobierno Federal. Esta mención se utiliza para especificar que las obras que realicen las fuerzas armadas estarán fuera de la aplicación de la Ley de Obras Públicas, lo que implica que no se realizarán a través de la figura de contrato sino de convenios -como se ha venido haciendo-.
Desafíos de implementación: Estas disposiciones específicas sobre la participación de las fuerzas armadas mantienen el riesgo de opacidad que se ha identificado en los proyectos de obra pública en los que han participado. Para mitigar esta falta de transparencia se podría incluir un módulo en la nueva Plataforma Digital de Contrataciones que garantice la disponibilidad de los convenios entre entes públicos, incluidos los celebrados entre las instituciones y la Secretaría de la Defensa (Sedena), aun cuando sean considerados proyectos estratégicos.
Para que los cambios legales propuestos se traduzcan en modificaciones concretas en las compras públicas, el Gobierno Federal tendrá el reto de establecer manuales de procedimiento efectivos, hacer cambios organizacionales, destinar recursos a nuevos desarrollos tecnológicos, favorecer la coordinación, entre otras acciones. Sin la previsión necesaria para la etapa de implementación, los logros de esta iniciativa quedarán limitados a la normatividad.
Por su importancia para la competitividad, el IMCO ha dado seguimiento a los riesgos en compras públicas, especialmente a la necesidad de implementar una plataforma transaccional, limitar la figura de adjudicación directa y mejorar los procesos de compra consolidada . La forma como se materialicen estos objetivos será fundamental para garantizar la competencia y la eficiencia en el esquema de contratación federal.