La pregunta central en la compra de 13 centrales de generación eléctrica de Iberdrola por parte de un fideicomiso gestionado por el fondo Mexico Infrastructure Partners (MIP) y financiado mayoritariamente con recursos públicos, no es si estamos o no ante una nueva nacionalización de la industria eléctrica en el país (no es el caso), sino si esta transacción -aproximadamente por 6 mil millones de dólares- abona a la competitividad, a la seguridad energética, a la transición energética y, en términos generales, al bienestar de los mexicanos.
Más allá del discurso político, la realidad cambia poco para la industria eléctrica en México. No solo no se añade nueva capacidad al sistema, sino que la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE) no incrementa su participación en el mercado de generación eléctrica. Esto se debe a dos razones. Primero, CFE no está adquiriendo ninguna planta, legalmente la propiedad será del fideicomiso gestionado y, segundo, 10 de las centrales ya están bajo control de la empresa estatal bajo la modalidad de Productores Independientes de Energía (PIE).
Los PIE -figura creada en 1992 para abrir la puerta a la inversión privada en la generación eléctrica en un momento que ésta era un área exclusiva del Estado- forman parte jurídica, económica y contable de la CFE. Estas centrales se instalaron en condiciones y locaciones determinadas por la CFE con el mandato legal de vender exclusivamente a la entonces paraestatal en contratos de hasta 30 años. Actualmente estas centrales no operan directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista, en su lugar lo hacen a través de la CFE.
Bien gestionadas estas centrales son rentables para las partes involucradas. No obstante, la compraventa no aborda la necesidad de expandir la capacidad de generación para atender los déficits presentes en diversas regiones del país como las penínsulas de Baja California y Yucatán e inclusive zonas del centro y occidente o la necesidad de reforzar las redes de transmisión y distribución de la CFE para transportar la electricidad a los centros de consumo. Tampoco se avanza en la transición energética, al reafirmar la apuesta por los combustibles fósiles.
La participación de CFE en el mercado de generación eléctrica no es de 39% como se argumenta desde Palacio Nacional, ni va a llegar a 55%. Actualmente ya rebasa el 69% de participación, al incluir el universo total de los PIE (tanto aquellas centrales propiedad de Iberdrola como las otras 24 en manos de otras empresas). Cuando se concrete, la compra no cambiará este porcentaje.
En el fondo, el Gobierno Federal reafirma su intención de reforzar la presencia de la CFE -así sea de forma simbólica- en la industria eléctrica, sin considerar el costo de oportunidad de invertir recursos públicos, por definición escasos, en infraestructura ya existente y sin agregar nueva capacidad. No estamos ante una nacionalización de la industria, pero el anuncio hace un flaco favor a la confianza de los inversionistas en el sector energético mexicano.
La apuesta debe ser por la energía que el país necesita para ser competitivo y reducir su huella de carbono. Un primer paso sería reanudar el otorgamiento de permisos de generación a privados por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), interconectar las centrales que actualmente permanecen fuera del sistema a pesar de estar listas para operar y lanzar un programa ambicioso de expansión de las redes de la CFE que aproveche los instrumentos financieros disponibles para incorporar inversión privada en infraestructura de transmisión y distribución.
Publicado en Animal Político.
13-04-2023
