Con la promulgación del paquete de reformas el 18 de julio del año pasado y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los estados tienen menos de cinco meses para la implementación de sus Sistemas Locales Anticorrupción (SLA).
En México las reformas de alto perfil parecen quedarse en el papel y dejamos de preocuparnos por su implementación. Para que el SNA funcione de manera correcta y se lleve a cabo esta nueva tarea integral del Estado mexicano de manera eficaz, las entidades tienen la obligación de contar con un SLA cuya estructura y facultades sean equivalentes a la Ley General del SNA.
El IMCO, la Coparmex y Transparencia Mexicana presentamos el “Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción”, el cual es una evaluación de la reforma constitucional y de la Ley del Sistema Local Anticorrupción y su implementación, ya que estudia la calidad de la actividad legislativa en los estados con base en las constituciones locales y sus agendas legislativas.
En este estudio observamos que las entidades están sumamente atrasadas en esta tarea. Solo Chiapas y Nayarit cumplen con esta obligación mínima y pueden arrancar desde hoy los procesos complementarios, tales como la conformación de su Comisión de Selección, los nombramientos del Comité de Participación Ciudadana y de su fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, así como la articulación de sus tribunales administrativos.
Por el contrario, Jalisco, Morelos y Veracruz son los estados más preocupantes. Si bien los tres cuentan con una Constitución que contempla Sistemas Locales Anticorrupción, su estructura carece de cuestiones esenciales, además de que el caso de Morelos presenta posibles riesgos de inconstitucionalidad.
Jalisco se limitó a incluir al Sistema Local Anticorrupción y a su Comité de Participación Ciudadana de manera general en su Constitución. No incorporaron el nuevo régimen de responsabilidades administrativas que entra en vigor en julio de este año ni reformaron su Tribunal de lo Administrativo.
La principal problemática de Morelos es el procedimiento de nombramiento del Comité de Participación Ciudadana, el cual lo lleva a cabo el Congreso del Estado. Esto pone en riesgo la neutralidad de los nombramientos y, como se mencionó anteriormente, presenta un peligro de inconstitucionalidad alto. El procedimiento de nombramiento a nivel nacional consiste en la conformación de una Comisión de Selección ciudadana que, a su vez, elige a ciudadanos miembros de un Comité de Participación Ciudadana. Su Órgano Superior de Fiscalización no cuenta con las atribuciones conferidas a ella por el nuevo régimen de responsabilidades administrativas, es decir, no investiga ni substancia las faltas administrativas graves.
Veracruz adolece de los mismos problemas que los dos estados anteriores. Se limita a incluir al Sistema Local Anticorrupción de manera general, además de que no contempla un Comité de Participación Ciudadana ni tampoco incorpora el nuevo régimen de responsabilidades administrativas.
El plazo para el cumplimiento de este mandato constitucional tiene como fecha límite el 18 de julio de este año. Al paso que van los estados, cuentan con menos de cinco meses para completar un proceso que a nivel federal tomará alrededor de un año. En consecuencia, tendrán que iniciar el trabajo de manera acelerada, poniendo en riesgo la integridad del proceso.
Es por ello que el IMCO, junto con la Coparmex y Transparencia Mexicana hemos puesto a disposición la Ley Modelo para los Sistemas Locales Anticorrupción como guía para ser utilizada por los estados. Debemos presionar a nuestros congresos locales para que hagan su trabajo, recordemos que las reformas constitucionales y las leyes de los Sistemas Locales son el requerimiento mínimo básico para iniciar con una correcta implementación. Las organizaciones de la sociedad civil permaneceremos vigilantes de los avances y retrocesos de éste importante proceso.
Publicado por Animal Político
03-03-2017
