Con sus nuevas facultades, es previsible que la Comisión Federal de Competencia continúe con su impecable y valiente labor. Sin embargo, resultaría muy ingenuo creerse cualquier campaña política que busque vender la reforma como un gran avance a favor de la competencia, la eficiencia de los mercados y el beneficio de los consumidores. Con ley o sin ley antimonopolios, tener mayor competencia en beneficio de los consumidores va mucho más allá de la aspiración paternalista de contar con una autoridad fuerte que nos libre de las garras de los monopolios. A pesar de no tener suficientes facultades legales ni recursos equiparables a los intereses que enfrenta, la Comisión y sus funcionarios se han desempeñado de manera profesional e independiente. Armada con muy poco, ha señalado con integridad conductas anticompetitivas en sectores regulados y no regulados. Sus señalamientos se han referido incluso a prácticas anticompetitivas que son comunes en las paraestatales. Aunque la oposición le tumbó a la iniciativa algunas innovaciones que le darían “más dientes” a la CFC, se conservaron aspectos valiosos que le dan mayores facultades, recursos e independencia. A la propuesta original se le mocharon las controversiales acciones cautelares, revisiones sorpresa y sanciones penales. Sobrevivieron las mayores multas, notificaciones simplificadas y las llamadas de atención no litigiosas. Sobrevivió (aunque con cambios) la intención de dar independencia administrativa y nombramientos ratificados por el Congreso. Ojalá que sobreviva la parte que faculta a la CFC a sancionar prácticas anticompetitivas en Pemex y otras paraestatales. Las nuevas facultades acercan en alguna medida el diseño institucional de la CFC al de la FTC, su equivalente en Estados Unidos. Aunque en ambos países el objetivo es que las empresas compitan libremente en beneficio de los consumidores, las estrategias que buscamos para conseguirlo son muy distintas. La nuestra es paternalista, recae en la autoridad. Si la autoridad es la que decide si hay prácticas anticompetitivas y esa misma autoridad cobra la multa y decide su destino, no existe el incentivo económico, ni los medios legales para que los adultos que participan en las industrias se vigilen y regulen unos a otros en el marco de las leyes. A falta de estos incentivos y de recursos legales, resulta natural y necesaria la respuesta paternalista donde una autoridad fuerte es la única opción. En el caso estadounidense, la FTC (equivalente a la CFC) sólo interviene en 5% de los casos antimonopolio. El 95% restante se resuelve en tribunales ordinarios. La administración de las leyes antimonopolios en ese país no requiere tribunales ni jueces especializados. Los presuntos agraviados tienen los recursos legales para hacer sus denuncias. Les corresponde a ellos, y no a la autoridad, procurar las pruebas para convencer al tribunal de que han sufrido un perjuicio a causa de una práctica anticompetitiva. También les corresponde aportar elementos que permitan calcular los daños y exigir una reparación equiparable. En el caso mexicano, en vez de dejar que el interés económico sea el que ponga la disciplina, buscamos endosarle a la autoridad la responsabilidad. Las multas más altas buscan disuadir las prácticas antimonopólicas. Eso está muy bien. Sin embargo, no guardan relación con el daño sufrido, ni tienen como destino la reparación del daño (se contempla usar las multas para repartirlas a las PyMES). La competencia se trata de pasarle el poder al consumidor, no a la autoridad. Evitar prácticas anticompetitivas requiere, sin duda, que la CFC tenga más dientes, pero también requiere que los ciudadanos y las empresas
tengan recursos legales para que puedan llevar a los tribunales sus casos y exigir reparación. Al rechazar las acciones colectivas, rechazamos la oportunidad de dotar a los ciudadanos con el poder de enfrentar el mal servicio y calidad que decimos que vienen de sectores monopolizados. En lugar de ello, le encargamos a la Profeco que ahora sí cuide a los consumidores.
Director de proyectos del Instituto Mexicano Para la Competitividad, A.C
