En los cuatro minutos que te tomará leer este artículo, una persona en el país será diagnosticada con cáncer de sangre. Imaginemos, específicamente, el caso de un adolescente de 17 años diagnosticado con leucemia, el tipo de cáncer con la tasa de defunciones más alta en su grupo de edad. Para él y su familia, no tendría que haber más preocupación que asistir al tratamiento y recibir el medicamento. Sin embargo, factores como las dinámicas de compras públicas de la institución pública que lo atenderá impactan directamente su posibilidad de recuperar su salud, y en última instancia, de vivir.
A partir del diagnóstico, el paciente iniciará un tratamiento de quimioterapia con los medicamentos que el IMSS adquiere. En 2022, de acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) del IMCO, el IMSS gastó 61,298 millones de pesos en contratos que incluyeron la adquisición de medicamentos. De este total, 404 millones se asignaron a proveedores de reciente creación, es decir, empresas que fueron creadas en un período menor a un año antes de recibir el primer contrato. Contratar una empresa recién creada no es ilegal, pero puede ser riesgoso por la falta de experiencia y capacidades para cumplir el contrato y proveer bienes y servicios de calidad.
En este escenario hipotético, uno de los proveedores riesgosos contratados por el IMSS incumplirá con la obligación de entregar el tratamiento que necesita el paciente de leucemia y, en consecuencia, no se surtirá la receta del paciente. De hecho, de acuerdo con Cero Desabasto, en 2022 se negaron 10.8 millones de recetas en el IMSS y fueron surtidas parcialmente 1.7 millones.
Realizar las compras públicas del sector salud, y de una institución del tamaño del IMSS, no es tarea fácil. En realidad, las prácticas de riesgo no son exclusivas de esta institución. Por ejemplo, los Institutos Nacionales de Salud, encargados de brindar atención médica de alta especialidad, mostraron riesgos asociados a la falta de competencia en los procesos de compra pública en 2022. Esto significa que en lugar de llevar a cabo concursos públicos, las instituciones optaron por adjudicar directamente los contratos. En general, la falta de competencia implica el riesgo de no analizar con detalle los potenciales proveedores y su capacidad para cumplir en tiempo y forma con el objeto del contrato.
Las compras públicas de medicamentos e insumos para la salud tienen un impacto directo en las posibilidades de supervivencia de millones de pacientes de todas las edades y estratos sociales. Por esto, es inaceptable que las instituciones encargadas de adquirir bienes y servicios permitan por inercia, omisión o dolo la continuación de malas prácticas de contratación pública que pueden tener consecuencias fatales.
La prevención de riesgos de corrupción es un deber público y una obligación con la ciudadanía. Ojalá la historia planteada en este artículo fuera solo una ficción para exponer un tema de interés público. Tristemente, hoy es la realidad de muchos pacientes en el país.
Publicado en Animal Político.
20-07-2023
