Por: Fernanda Avendaño, coordinadora y Natalia Campos, investigadora Anticorrupción.
Al hablar de estrategias para combatir la corrupción en las compras públicas, es común identificar al Gobierno Federal como el principal responsable de la prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción en México. El señalamiento es natural, pues la mayoría de las instituciones federales tienen gran visibilidad, amplio margen de acción y a su vez, ejercen una cantidad importante de recursos. Tan solo en 2021 los recursos destinados a compras públicas federales representaron 10 % del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Pero hay otros actores fundamentales en la lucha contra la corrupción como las instituciones estatales, que adquieren de forma constante bienes y servicios para cumplir con sus funciones y atender las necesidades de la ciudadanía. Si además tomamos en cuenta que actualmente no existe un análisis sistemático que concentre la información de compras de todas las instituciones a nivel estatal, el foco en estos actores se vuelve aún más relevante.
Por la importancia de monitorear el uso de los recursos de los estados, el IMCO se dio a la tarea de estructurar y analizar las compras estatales realizadas durante 2021 disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la herramienta que obliga a todas las instituciones públicas a registrar, entre otros datos, los contratos realizados cada año.
El trabajo parecía claro y sencillo: monitorear los contratos estatales registrados en la PNT, de carácter nacional y obligatorio, para detectar prácticas de riesgo de corrupción como falta de competencia. Pero la realidad fue otra: el análisis de las compras estatales no se caracterizó por la claridad y sencillez, y en cambio, representó cientos de retos y restricciones a la transparencia.
Acceder, estructurar y analizar la información de compras públicas estatales disponibles en la PNT es complejo: no existe una, sino miles de bases de datos individuales, hay errores en la captura de datos, cientos de formas de registrar la misma información y la documentación de compras es inaccesible.
Además, la PNT es un sistema de consulta de información de compras públicas estatales incompleto. A pesar de ser una obligación de transparencia, no todas las instituciones estatales publican información sobre los procesos de compra. Durante 2021 solo 52 % de las instituciones estatales registraron información de compras públicas en la PNT. El resto, dos mil 423 instituciones, omitieron publicar información sobre sus procesos de compra.
El registro parcial de las instituciones estatales representa una falta al acceso a la información pública, aumenta la opacidad y dificulta el monitoreo de los recursos públicos. Un registro de compras completo, confiable y de calidad es el elemento primordial para identificar prácticas de riesgo de corrupción y asegurar que la publicidad de la información sobre los recursos tenga un verdadero valor público, tanto para las instituciones como para la ciudadanía.
Si el objetivo de las instituciones que buscan garantizar la transparencia es facilitar el monitoreo de los recursos públicos, es necesario que la información sobre compras se publique de forma correcta. De lo contrario, las plataformas electrónicas representarán un obstáculo y únicamente serán identificadas como repositorios de datos y cargas administrativas adicionales.
*Publicado en Animal Político.
18-08-2022
