El aspecto que me resulta más fascinante en mi práctica profesional como macroeconomista se halla en los mecanismos que dan origen a la interacción entre las decisiones de las autoridades monetarias y fiscales. Dichos canales de la relación pueden ser explícitos, por la forma en que las decisiones de una u otra autoridad se ligan al comportamiento de la otra, o implícitos, por las repercusiones que tiene el ámbito de decisión de cada una sobre variables que terminan modificando las alternativas disponibles para cada contraparte.
En México, esta relación se ha modificado de manera importante a través del tiempo, no solo por los cambios que han existido a nivel estructural en la economía mexicana, sino también por la forma en que ha cambiado el ámbito de decisión de cada una de estas autoridades. De un lado, la autoridad fiscal, representada por la Secretaría de Hacienda, cuyo titular reporta directamente al Presidente, está regida por el marco de responsabilidad fiscal regulado a nivel constitucional y legal, particularmente a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y la Ley de Coordinación Fiscal, entre otras más. Del otro, la autoridad monetaria, que recae en el Banco de México, posee autonomía constitucional con respecto al Poder Ejecutivo y tiene un mandato constitucional complementado por diferentes leyes secundarias, entre ellas, la Ley del Banco de México.
La relación actual ha sido el resultado de diferentes cambios, resalto algunos de ellos. Del lado fiscal, destaca precisamente la aprobación de la LFPRH que estableció reglas intertemporales para los niveles de déficit del sector público, formalizó el uso y aportaciones de recursos en los fondos de estabilización y definió mecanismos de seguimiento puntual sobre la evolución de las finanzas públicas. La reforma más reciente en materia hacendaria y las reformas recientes al sector energético partieron de esa base, pues son ángulos de interacción sumamente relevantes para las finanzas públicas.
Con respecto al Banco de México, existen procesos que, a nivel estructural, han moldeado de forma importante el impacto de sus decisiones sobre el entorno macroeconómico y el alcance de sus decisiones. En primer lugar, el proceso que le confirió autonomía constitucional, la cual se concretó en 1994. Segundo, la adopción de un objetivo puntual de inflación en 2001, que se fijo en 3% para la tasa anual. Tercero, el anuncio de la tasa de interés de corto plazo como mecanismo para lograr el objetivo de inflación a partir de 2008. Los tres son hitos que han transformado el proceso de formación de precios para la economía mexicana y, como consecuencia, incidido sobre el ámbito de acción de la política monetaria a partir de cada decisión.
A partir de todos estos procesos, como mencioné previamente, la relación entre las autoridades monetaria y fiscal en México está guiada por mecanismos explícitos e implícitos. En cuanto a la primera categoría, me refiero a las decisiones que cada autoridad anuncia en momentos específicos del año. Destaca del lado monetario los anuncios sobre el nivel de la tasa de interés objetivo de corto plazo, en promedio 8 veces al año. Mientras que para las autoridades fiscales son los anuncios sobre el paquete económico, así como la estrategia de endeudamiento una vez que esos montos son aprobados por el Congreso. Esto es, no solo se trata de anunciar el monto por el cual se endeudará el gobierno y otros organismos públicos, sino también los instrumentos que emitirá en los mercados de deuda para conseguirlo.
Ambos tipos de decisiones tienen efectos adicionales, especialmente en diferentes instrumentos de los mercados financieros, por lo cual existen efectos implícitos asociados a las decisiones de ambas autoridades. En el caso de las decisiones de política monetaria el efecto es directo sobre los instrumentos de corto plazo, pero la manera en que se anuncian y ejecutan las decisiones también incide sobre bonos de mayor plazo, de tal forma que tasas de interés asociadas a bonos que vencen con diferentes periodos de maduración se ven afectadas por dichas decisiones. Lo mismo ocurre con la política fiscal, pues parte del gasto se financia con deuda, por lo cual las decisiones del gobierno también afectan las tasas de bonos a diferentes plazos.
A lo anterior hay que añadir el efecto que tienen los cambios en las tasas de interés en los incentivos a invertir en otros instrumentos, como los índices accionarios o el tipo de cambio. En este último caso se complementa el ciclo, pues sus variaciones tienen consecuencias a su vez sobre el espacio disponible para cada autoridad, de tal forma que sus decisiones futuras, en uno y otro caso, se ven afectadas como consecuencia de dichos movimientos. A fin de cuentas, se trata de que ambas autoridades encuentren los mejores mecanismos de coordinación para que sus acciones contribuyan a un entorno de estabilidad macroeconómica. El objetivo es preservar un crecimiento sostenible con un comportamiento saludable para la inflación, pero para lograrlo hace falta un enorme trabajo desde lo técnico para preservar una política macroeconómica acorde con dicho fin.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan la postura institucional.
Publicado en El Financiero.
14-03-2024
