El distanciamiento social y la reducción de movilidad son las herramientas más poderosas con las que cuenta México para frenar la propagación de una de las pandemias más graves del último siglo. Sin embargo, en el contexto laboral del país, dejar de moverse no es una opción para gran parte de los mexicanos.

De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), solo entre el 20% y el 23% de los trabajos del país ofrecen la posibilidad de realizarse vía remota. La mayoría de ellos están concentrados en los deciles de ingreso más alto, por lo que es un reto  implementar esquemas de trabajo a distancia que incluyan a los trabajadores de niveles operativos, quienes han sido los más vulnerables durante la crisis al verse obligados a trasladarse para continuar con sus labores. 

La movilidad es un factor determinante para la competitividad. Las condiciones de traslado que enfrentan los ciudadanos para realizar sus actividades diarias están ligadas directamente a su calidad de vida y a la manera en la que se desenvuelve una ciudad. 

En estas circunstancias, el riesgo de contagio se suma a la lista de problemas por resolver en la llamada “nueva normalidad”. Es necesario diseñar estrategias a corto, mediano y largo plazo que garanticen traslados seguros para la población sin dar pasos atrás en la construcción de ecosistemas de movilidad eficiente y menos dependientes del automóvil particular.

¿Qué opciones ofrecen las ciudades para que sus habitantes puedan trasladarse de manera segura?

Una ciudad resiliente cuenta con una movilidad competitiva: opciones de transporte seguras, cómodas, incluyentes, de calidad, accesibles, asequibles y sustentables, entre las cuales el ciudadano puede elegir según sus necesidades, ya sea durante algún tipo de contingencia o en un día normal.

Si bien la pandemia nos ha obligado a repensar la forma en que las sociedades y los espacios se conectan, la experiencia muestra que los sistemas de movilidad urbanos están expuestos a eventos extraordinarios, incluso con más frecuencia de lo que se piensa, para los cuales debemos de estar preparados. Los recientes sismos o contingencias ambientales, como las que se vivieron en 2016 y 2019 en la Ciudad de México (CDMX), son prueba de ello.

Actualmente, la mayoría de las ciudades mexicanas no cuentan con sistemas eficientes de movilidad, y mucho menos resilientes. En ellas, la dinámica de los traslados depende mucho del automóvil y cuentan con poca capacidad de planeación y adaptación a eventos extremos. Las ciudades poco preparadas para situaciones de contingencia se caracterizan por tener: 

Pocas alternativas para sustituir al automóvil particular.  Las situaciones extremas, como las inundaciones o los sismos, derivan en un colapso vial y como consecuencia, en una inmovilidad exacerbada en momentos en los que es fundamental el flujo de bienes, servicios y personas.

Infraestructura insegura e inaccesible que se convierte en barreras urbanas, por ejemplo, segundos pisos. Esto, junto con la congestión vial hacen más complicados los traslados en cualquier otro medio de transporte que no sea el automóvil particular. La infraestructura elevada genera zonas bajas propensas a la delincuencia, cruces inaccesibles que derivan en la necesidad de recorrer mayores distancias para peatones.

Falta de sistemas de información, planeación y respuesta inmediata. Hasta ahora, existen pocos ejemplos como el de la Ciudad de México, que incluye en su agenda de movilidad la construcción de un Sistema de información y seguimiento de seguridad vial.

Estas dificultades no solo han ocasionado el aumento del tránsito vehicular y contaminación, también impiden que se tomen decisiones ágiles y efectivas para proteger a la población que debe salir de sus casas a pesar de la emergencia.

Recientemente las autoridades de algunas ciudades han diseñado estrategias para la reducción de aglomeraciones, así como planes escalonados para el retorno de las actividades económicas, sin embargo, las condiciones actuales de los sistemas de transporte no permiten implementar fácilmente estrategias para hacer sentir segura a la población, ni para monitorear efectivamente el cumplimiento de las medidas implementadas. 

Los gobiernos locales tienen una nueva oportunidad para definir una hoja de ruta gradual que ofrezca a la ciudadanía una movilidad más segura, más resiliente y  más competitiva. 

La estrategia debe contar con un cambio radical en el gasto público para priorizar el transporte colectivo y medios de transporte sustentables sobre el automóvil particular, ya que la inversión en transporte público y no motorizado es sumamente escasa en la actualidad.  En 2017, a nivel nacional,  solo se destinó el 17% del total del presupuesto de movilidad a proyectos que contemplaron el transporte público e infraestructura ciclista. 

Además, la normatividad debe actualizarse para eliminar las barreras a la entrada de más y mejores opciones de transporte. En lugar de prohibir alternativas de transporte como aquellas de transporte colectivo vía aplicación (también llamadas microtránsito), deben ser reguladas y evaluadas adecuadamente en función del beneficio social que generan. 

Hasta 2019, solo 11 de los 32 estados del país contaban con una ley de movilidad que considerara todos los modos de transporte. Por otra parte, solo siete de las 20 ciudades evaluadas en el Índice de Movilidad Urbana del IMCO consideran de manera explícita en su regulación la existencia de opciones de transporte operadas por privados a través de aplicaciones móviles.

Lo anterior permitirá atender eficazmente la crisis actual, eludir riesgos futuros e impulsar el regreso a las actividades económicas sin que el miedo a los contagios provoque el uso masivo de los modos de transporte menos eficientes y menos inclusivos, como el automóvil particular. A continuación se enlistan las propuestas del IMCO para lograr estos objetivos:

Corto plazo: ¿qué se podría hacer durante el confinamiento? 

• • Monitorear los niveles de actividad de los traslados de la población en periodos de tiempo cortos (mínimo semanales) para verificar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y del regreso escalonado de las actividades. Esto puede hacerse con ayuda del Gobierno federal o de proveedores externos.
  • Identificar las zonas con mayor concentración laboral, en las que se enfoquen los esfuerzos de vigilancia o de medidas más exhaustivas para evitar contagios en zonas conurbadas.
  • Alinear la reactivación de las actividades en las empresas y escuelas a un plan para regresar de forma escalonada que tome en cuenta el riesgo de contagios que representa cada establecimiento por el giro al que pertenece. 
  • Independientemente del sector al que pertenezcan los establecimientos, cada uno de ellos debe de considerar un plan de  horarios diferenciados para sus empleados de tal manera que se reduzca la demanda simultánea de transporte. 
  • Incrementar el número de carriles exclusivos para unidades de transporte público.
  • Aumentar el espacio destinado a infraestructura peatonal y ciclista para cumplir con las indicaciones de sana distancia. Aunque inicialmente esto puede hacerse de manera temporal, es necesario definir planes para construir infraestructura permanente. 
  • Reducir el espacio destinado al uso de automóviles, lo que desincentiva su uso y le da prioridad al flujo de transporte público. También debe contemplarse el cierre y peatonalización de calles para aumentar el espacio entre personas.
  • Regular y facilitar la operación de iniciativas de transporte colectivo vía aplicación para aumentar la capacidad del sistema y disminuir aglomeraciones.