En estricta teoría resulta redundante celebrar un ejercicio ciudadano dentro de la representación del pueblo en el gobierno. Pero las condiciones del sistema político actual, junto con el monumental esfuerzo de más de 50 organizaciones de la sociedad civil, nos permiten hacerlo e incluso catalogarlo como histórico.

En toda democracia moderna el Congreso es considerado como la representación de los ciudadanos en los asuntos del gobierno. Año con año se realizan elecciones, se diseñan distritos electorales y se crean fórmulas de repartición de curules sólo para garantizar que cada ciudadano cuente con un representante. Pero en la actualidad, ¿qué tan ciudadano es nuestro Congreso?

Sólo hace falta visitar la sede del Senado de la República para responder a la pregunta. Un imponente edificio de color blanco con una hermosa entrada con escalinatas dirigidas hacia las dos avenidas más distintivas de la capital del país, una entrada que está siempre cerrada. Para ingresar al Senado los ciudadanos tienen que dirigirse de la reja obscura que protege la entrada principal hacia la puerta trasera y explicar al personal de seguridad cuál es el motivo de su visita, quién lo espera y ser paciente hasta que alguna autoridad dé el visto bueno desde adentro. Valdría la pena preguntarse si cualquier ciudadano que quisiera entrar a ver una sesión del pleno o visitar a su representante realmente podría.

No obstante, las barreras de entrada al Congreso más importantes están presentes en el proceso legislativo. Hasta antes de 2012 ningún ciudadano común y corriente tenía el derecho de presentar una iniciativa, mientras que en la actualidad la ley exige la presentación del apoyo de aproximadamente 120 mil ciudadanos mediante su firma y datos de su credencial de elector.

En poco más de dos meses este esfuerzo titánico fue realizado con éxito por las organizaciones impulsoras de la Ley3de3, quienes presentamos más de 634 mil firmas en apoyo a una ley que contiene elementos fundamentales para el combate a la corrupción en el país.

Esta labor abrió por primera vez las puertas del Congreso a una iniciativa ciudadana, pero la ley únicamente garantizaba que los legisladores la discutieran y votaran con tan sólo una intervención de un representante de la iniciativa a manera de presentación. Al reconocer la oportunidad presentada y la necesidad de la participación ciudadana en la conformación de todo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), decidimos presionar para que la sociedad civil fuera parte de la discusión no sólo de la Ley 3de3, sino también de las otras seis leyes secundarias necesarias para impulsar un SNA sólido y funcional.

Este esfuerzo derivó en un hecho sin precedentes cuando los presidentes de las comisiones designadas a discutir las leyes secundarias del SNA invitaron el pasado 11 de abril a representantes de la sociedad civil a participar, con voz, en sus reuniones de trabajo.
Fue así como por primera vez un grupo de ciudadanos pudo participar, en conjunto con sus representantes, en una discusión legislativa.

¿Qué se logró y qué sigue en la discusión de las leyes secundarias del SNA?

El primer gran logro de los representantes de la sociedad civil fue modificar la manera en la que se discutirán las leyes secundarias. Mientras que los legisladores tenían contemplado discutir y votar en comisiones unidas cada ley artículo por artículo en una gran sesión maratónica, la propuesta de la sociedad civil prevaleció, por lo que para la redacción de las leyes secundarias se conformaron cuatro mesas de trabajo:

1)      Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3de3).
2)      Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
3)      Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.
4)      Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
El segundo logro fue garantizar la presencia de expertos de la sociedad civil en dichas mesas de trabajo, por lo que la discusión y el trabajo que darán pie a los dictámenes de todas las leyes secundarias tendrán la participación de representantes de la sociedad civil a la par de los legisladores, algo nunca antes visto.

Un tercer logro fue establecer a la Ley 3de3 como el eje de discusión sobre el cual se creará la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es decir, en lugar de ser una iniciativa más, toda la discusión tendrá que estar enfocada en la iniciativa respaldada por más de medio millón de ciudadanos y cada cambio o modificación deberá ser justificado.

Por último, y quizás el logro más importante, es el compromiso de garantizar prácticas de Parlamento Abierto en la discusión de todas las leyes secundarias anticorrupción. Esto significa garantizar la máxima publicidad y difusión de la ruta crítica de la dictaminación de las leyes mediante la publicación de calendarios, audiencias públicas, seguimiento en vivo mediante plataformas digitales, conocimiento del origen de cada argumento, disponibilidad de documentos de trabajo, entre otras.

Independientemente del resultado final de la redacción de las leyes secundarias del SNA, el proceso legislativo en el que se están desarrollando ha marcado un parteaguas en las prácticas legislativas del país. Es tarea ahora de los ciudadanos aprovechar estos nuevos procesos y herramientas para dar seguimiento a las discusiones y garantizar un combate contra la corrupción completo y efectivo.
También es necesario presionar para que este proceso legislativo sin precedentes, con participación ciudadana y prácticas de parlamento abierto, se replique en todos los temas legislativos sin la necesidad de tener a más de 634 mil ciudadanos reclamando un lugar en su Congreso.

Publicado por La Silla Rota
18-04-2016