El 20 de febrero de 2024 se publicó el tercer y último informe de auditoría de la Cuenta Pública 2022 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Aunque la ASF ha implementado herramientas sofisticadas de revisión del gasto como las auditorías forenses, esto no ha sido suficiente para superar la impunidad en el mal uso de los recursos públicos.
Para empezar, es importante aclarar que la ASF tiene la facultad de presentar denuncias de hechos, es decir, de promover el inicio de un proceso penal en contra de presuntos responsables de delitos en el gobierno. Sin embargo, desde 2021 no se ha realizado ni una denuncia de este tipo. Pero esto no necesariamente significa que no se hayan registrado irregularidades que conduzcan a iniciar un proceso penal por mal uso de recursos públicos.
Un mecanismo que facilita el inicio de investigaciones por delitos son las auditorías forenses, que constituyen revisiones exhaustivas y especializadas de registros, transacciones, y documentos financieros y contables, con el propósito de identificar y documentar posibles irregularidades o delitos financieros. El objetivo de estas auditorías es detectar y prevenir las malas prácticas y así asegurar la integridad y transparencia en el manejo de recursos públicos.
Aunque son las auditorías más rigurosas, desde 2016 solamente se han realizado 65, en comparación con 7,236 auditorías de cumplimiento llevadas a cabo durante el mismo periodo de tiempo. Es decir, es un mecanismo efectivo que se utiliza relativamente poco.
En las 24 auditorías forenses realizadas en el último informe de auditoría de la Cuenta Pública 2022, por ejemplo, se descubrieron numerosas irregularidades e incluso posibles delitos. Un ejemplo que destaca es el INAI, donde se descubrió que a ciertos trabajadores se les exigía pagar entre el 10 % y el 60 % de su sueldo para mantener sus puestos, lo que a todas luces supone un acto de corrupción. Igualmente, se encontró que se adecuaron los perfiles para incorporar a personas que no cumplían con los requisitos, y se identificó la presencia de servidores públicos con vínculos familiares, lo que genera conflictos de interés y promueve el nepotismo.
Asimismo, en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado se efectuaron pagos a 56 servidores públicos que están reportados en el Registro Nacional de Población como difuntos, lo que evidencia un mal uso de los recursos.
A pesar de que las auditorías forenses están diseñadas para investigar delitos en la gestión de recursos públicos y tienen la capacidad de derivar en acciones legales al encontrar evidencia, resulta alarmante que hallazgos como el del INAI o el del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado no tengan las consecuencias pertinentes.
En estos casos, sería necesario llevar a cabo una acción de denuncia de hechos para dar comienzo a las investigaciones correspondientes. Sin embargo, ningún hallazgo en la revisión de la Cuenta Pública 2022 ha resultado en una denuncia formal. Esta falta de acción y la ausencia de consecuencias externas contribuye a perpetuar la impunidad relacionada con el mal uso de los recursos públicos.
Aunque la ASF cumple una acción fundamental y cuenta con diversas herramientas, es necesario garantizar también que los procesos tengan la continuidad necesaria para pasar de la detección a la sanción de la corrupción. De otra forma, y a pesar de los esfuerzos de fiscalización, el buen uso de recursos públicos y la rendición de cuentas seguirán siendo actos en vano ante la sombra de la impunidad.
Publicada en Animal Político.
01-03-2024
