Para el crimen organizado, la impunidad es el capital que le permite invertir y desarrollar nuevas áreas de negocios. La impunidad es al crimen, lo que el capital financiero a la economía de mercado. ¿Cómo encarecer los costos de la impunidad? ¿Cómo hacerla menos viable?
El futuro de la República depende de las respuestas que encontremos a estas preguntas. El Estado mexicano tiene recursos humanos y materiales limitados para darle persecución y castigo a todas las conductas criminales. Nuestras autoridades no tienen infraestructura para atender y resolver la multiplicidad de delitos que establece la ley.
Ante la violencia y la zozobra, hay grupos sociales que han planteado la necesidad de hacer un pacto con los criminales para pacificar al país. Este acto sería reconocer que las gavillas de asesinos y secuestradores son interlocutores válidos de nuestros representantes electos. La única fuente de legitimidad que tiene el crimen organizado para sentarse a una mesa de negociación es su profundo desprecio por la vida humana. Si aspiramos a tener una mínima convivencia civilizada, esa opción de diálogo debería estar totalmente cancelada.
Sin embargo, sí hay un margen de acuerdo entre ciudadanos y gobierno para replantear la lucha contra el crimen organizado. Este nuevo consenso estaría basado en determinar cuáles son los delitos que causan mayor dolor y miedo a la población mexicana. La idea no es nueva y simplemente consiste en establecer un inventario de crímenes que desgarran las fibras del tejido social. La lista debería estar encabezada por las infracciones criminales contra la integridad física de las personas: asesinato, secuestro, tortura y violación. A este catálogo habría que agregar también el delito de extorsión. Sobre esos crímenes, el Estado mexicano debería concentrar toda su fuerza y energía para reducir los márgenes de impunidad.
Elegir es cancelar. Al enfocar la gran mayoría de sus recursos y capacidades sobre estos delitos, el gobierno tendría que reducir el énfasis en la persecución de otras transgresiones al código penal. Mientras escribo este artículo, leo una nota periodística fechada el viernes pasado: “Ejército ha destruido 134 narcopistas en el norte en 2011”. ¿Cuántos soldados del Ejército Mexicano están dedicados a destruir pistas clandestinas? ¿Esos soldados hubieran podido ayudar a prevenir el asesinato masivo de personas en Tamaulipas y Durango? ¿Cómo mejoró la seguridad de tu familia gracias a la destrucción de estas narcopistas?
En 2010, 14 presidentes municipales fueron asesinados en el país. Asesinar a una autoridad pública debería ser un crimen absolutamente intolerable. Si en un municipio donde se mató a un alcalde, inmediatamente se instala un operativo, de mediano plazo, con presencia de fuerzas federales, los criminales perderían incentivos para cometer este tipo de homicidios.
Con cierta frecuencia aparecen notas del asesinato de personas que trabajan en las cárceles del país. Se puede intuir que estos homicidios son telegramas para los custodios sobrevivientes sobre las consecuencias de no cooperar con los delincuentes encarcelados. La muerte de un custodio debería generar una reacción de emergencia, donde las fuerzas federales tomaran por tiempo indefinido la operación del reclusorio donde laboraba la víctima. Esta medida protegería a todos los trabajadores de los sistemas penitenciarios federales y estatales.
Para proteger a alcaldes o celdadores es necesario tener recursos humanos disponibles para reaccionar ante un incidente inesperado. Un Estado que no puede proteger a los servidores públicos, civiles o uniformados, es una autoridad que no puede proteger a la sociedad. Hoy el Ejército, la Marina y la PFP cubren demasiados frentes y persiguen demasiados delitos en un territorio con 2 millones de kilómetros cuadrados. La opción más lógica sería una legalización plena de las drogas. La opción más viable: un gobierno que escuche la voz de los ciudadanos para atacar los crímenes que más nos lastiman.
