La competitividad se refiere a la capacidad de un país para atraer y retener talento e inversión. En sus índices de competitividad, el IMCO ha enfatizado que esta capacidad depende y se mide en función de aspectos como la innovación, el mercado de factores, la conectividad, la seguridad o la educación y la salud. Pero de manera subyacente a estos factores, existe uno más primordial que es una condición de posibilidad para la competitividad. Se trata de la existencia de un sistema democrático que, además de contar con elecciones libres y justas, garantice libertades y derechos fundamentales para todos, y asegure que el poder se divida mediante un sistema de pesos y contrapesos.
Hasta hace poco, la existencia de un sistema así se había dado por sentada en nuestro país. Tras un largo proceso de democratización basado en la creación de instituciones -garantes de derechos, organizadoras de elecciones e impartidoras de justicia electoral-, México lleva varias décadas con un sistema político considerado como democrático. Sin embargo, en los últimos días, la revista The Economist clasificó al país como un “régimen híbrido” por primera vez desde que comenzó a realizarse esta medición en 2006. Esto es resultado de una calificación reprobatoria, en una escala de 1 a 10, en tres aspectos que el índice mide: cultura política (3.13), funcionamiento del gobierno (5) y libertades civiles (5.59).
Los “regímenes híbridos” se caracterizan porque son nominalmente democráticos y cuentan con elecciones regulares que permiten elegir gobernantes, pero al mismo tiempo exhiben características de regímenes autoritarios como ataques a la prensa, deslegitimación de la crítica y la oposición desde el poder, o debilitamiento de los contrapesos que evitan la concentración excesiva de poder. Al ser considerado un régimen híbrido, México se acerca más a regímenes autoritarios como China o Rusia, y se aleja de los países más democráticos como Dinamarca o Noruega. Este último país, además de ser el país mejor calificado por The Economist, es también el más competitivo en el Índice de Competitividad Internacional 2021 del IMCO.
La razón principal por la que el deterioro democrático vulnera la competitividad es la afectación al Estado de Derecho de un país. Cuando la democracia se debilita, las normas se vuelven más fáciles de doblar y la discrecionalidad en las decisiones gubernamentales reemplaza al imperio de la ley. Ello hace que sea muy difícil generar y atraer inversión, puesto que aumenta la incertidumbre respecto a los retornos que esta traerá, y sobre la capacidad de beneficiarse de dichos retornos.
Asimismo, se desincentiva la inversión en capital humano, puesto que los beneficios de invertir en la educación están condicionados por la posibilidad de capitalizarlos en el mercado, que a su vez requiere de un Estado de Derecho fuerte. Así, la medición de The Economist debe considerarse como un foco rojo de alerta para la competitividad del país.
La democracia es valiosa por sí misma porque permite a los individuos gozar de derechos y libertades para desarrollarse plenamente. Pero también es valiosa porque es el cimiento sobre el cual se construye un país competitivo. Si bien un régimen autocrático puede coexistir con ciertos aspectos que hacen a una economía atractiva, como sucede en el caso de China, la debilidad del Estado de Derecho que acompaña a la ausencia de democracia hace que la competitividad sea endeble y no garantice el desarrollo estable que aspiramos para el país.
Publicado en Animal Político.
17-02-2022
