En los próximos días se discutirá el #PaqueteEconómico2020. De acuerdo con la Constitución, el Ejecutivo federal tiene que hacer llegar a más tardar el 8 de septiembre la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos. Por su parte, la Cámara de Diputados debe aprobarlos a más tardar el 15 de noviembre.
Sabemos que no es un escenario fácil. El presidente prometió no contratar más deuda, no gastar más de lo que ingresaba a la Hacienda pública y no aumentar los impuestos. La realidad obliga a optar por cualquiera de las tres alternativas: 1) endeudarse más, 2) gastar mejor, 3) mejorar la recaudación.

Incluso los cálculos más conservadores apuntan a que habrá una falta de recursos públicos. Tan solo para el cierre de este año, se espera un boquete de más de 250 mil millones de pesos, el equivalente a seis veces el presupuesto asignado al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En este contexto, aprobar el presupuesto sigue siendo una facultad exclusiva de los diputados. Una vez más se enfrentarán a un desfile de cientos o miles de funcionarios públicos en los pasillos de la Cámara de Diputados. Una vez más los asesores tratarán de armar proyectos de inversión de forma exprés. Una vez más habrá un estira y afloja entre las comisiones legislativas. Una vez más los diputados serán enviados a la guerra sin fusil.

Los diputados tendrán poco más de dos meses para analizar y aprobar el destino de 6 billones de pesos. Desafortunadamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) monopolizó por décadas el conocimiento presupuestal. La experiencia adquirida no se ha compartido ni transferido al ámbito legislativo, por lo que cada año, el proyecto de presupuesto de egresos del presidente en turno ha sido aprobado sin análisis o cuestionamiento.

La discusión del #PaqueteEconómico2020 representa una oportunidad para plantear la necesidad de contar con un órgano técnico consultivo. Los diputados necesitan hacerse de herramientas que les permitan analizar las políticas hacendarias del Gobierno federal. Esto también los equipará para llevar a cabo recomendaciones, fortalecer los ingresos y mejorar el gasto público. Sin esto, el proyecto de nación del presidente López Obrador no será posible.

Profesionalizar el trabajo y las funciones legislativas no significa que un diputado tenga que ser experto en todas las materias, incluyendo la económica o financiera. Lo que sí implica es que los diputados cuenten con opiniones basadas en aspectos técnicos y sin influencias de carácter político.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública manifestó que el Consejo Fiscal, además de monitorear los distintos componentes de las finanzas públicas, debe servir para estrechar vínculos con la sociedad y otros centros de investigación nacionales e internacionales.

Constituir el Consejo Fiscal no es una ocurrencia. En 2015, el Fondo Monetario Internacional recomendó a México implementarlo para mantener un buen control macroeconómico. En esa misma época, los funcionarios de la SHCP desdeñaron su creación y prefirieron imponer presupuestos poco realistas.

La creación de este Consejo Fiscal sería un claro mensaje de parte del Gobierno de la Cuarta Transformación para generar confianza en los inversionistas. Dar sustento técnico a la asignación de recursos públicos añade valor y confianza a los procesos de decisión. A fin de cuentas, un consejo siempre es bien recibido. Quien no oye consejo no llega lejos.