Mientras los gobiernos alrededor del mundo enfocan recursos en recuperar el aprendizaje perdido tras la pandemia, el gobierno mexicano impulsa cambios en la política educativa que no responden a la crisis actual.
En lugar de intentar recuperar este aprendizaje y cerrar las brechas de desigualdad educativa, la actual administración ha propuesto cambios institucionales que buscan cambiar el contenido curricular, los métodos de enseñanza y el papel de los docentes en las aulas. Esto no solo ha generado incertidumbre, sino que puede representar un retroceso para la educación.
Por lo que se puede analizar en documentos concentrados en diferentes páginas oficiales, inaccesibles e intermitentes, el nuevo plan de estudios carece de esta ruta con objetivos puntuales. Si el gobierno quiere hacer un cambio real, necesita diseñar una ruta crítica clara y práctica que sirva como guía para que las autoridades educativas cumplan con estas metas y los docentes puedan ejecutarlas en las aulas.
¿Quién pagará el precio más alto? Los principales afectados de esta estrategia irreflexiva y precipitada por su falta de claridad serán, sobre todo, los y las alumnas menos privilegiadas y los más vulnerables, así como el millón y medio de estudiantes que abandonaron la escuela tras la pandemia para quienes no hay estrategia para recuperar.
Como parte de los cambios en materia educativa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretende implementar un nuevo plan de estudios en agosto de 2023 para coronar las transformaciones educativas de este sexenio. Como parte de estas modificaciones, esta administración ha planteado que la educación girará en torno a las comunidades y será humanitaria e inclusiva.
Sin embargo, de implementarse este plan, sin pies ni cabeza, las desigualdades educativas que se profundizaron con la pandemia continuarán creciendo. De no contar con un diagnóstico acertado, ni herramientas prácticas para los docentes, más niñas, niños y jóvenes en comunidades marginadas seguirán sin acceso a educación de calidad, jóvenes continuarán obligados a abandonar la escuela y millones de estudiantes continuarán sin desarrollar habilidades que el mercado laboral les exigirá.
La principal falla de esta administración en materia educativa es no evaluar la pérdida de aprendizajes ni medir el costo que tendrá esta falta de propósito en las futuras generaciones que entren al mercado laboral.
Cualquier cambio actual en el modelo educativo debe de contar con dos objetivos. Primero, atender los retrocesos ocurridos tras la pandemia para recuperar y superar el nivel educativo que se tenía y, segundo, colocar el desarrollo académico de los estudiantes al centro para garantizar educación de calidad.
Si queremos una educación verdaderamente inclusiva y flexible que garantice el acceso, avance y permanencia de todos, lo que se requiere es un sistema educativo que favorezca el aprendizaje y el desarrollo de habilidades cada vez más demandadas por el mercado laboral. Solo así dejará México de romantizar el retroceso y educar sin propósito.
