El marco de responsabilidad fiscal de nuestro país establece, entre sus múltiples directrices, la forma en que se debe estructurar el calendario presupuestario de nuestro país, es decir, el proceso que deben seguir los poderes Ejecutivo y Legislativo para llevar a cabo la deliberación que tenga como resultado la aprobación del paquete económico del año siguiente.
Dicho proceso inicia a más tardar el 1 de abril de cada año con la publicación de las primeras estimaciones de ingresos, gastos, déficit y deuda que presenta el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este documento no tiene un nombre específico en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), pero su contenido se menciona en su artículo 42. La SHCP se refiere a éste como Pre-Criterios, pues es un documento previo a la publicación del documento macroeconómico que acompaña la presentación del paquete económico en septiembre, los Criterios Generales de Política Económica, conocidos como Criterios.
Una vez que la SHCP envía los Pre-Criterios al Congreso, inicia un proceso de discusión entre las autoridades fiscales y el Congreso de la Unión relacionado con las estimaciones fiscales y, sobre todo, con los supuestos que empleó la SHCP para su elaboración, donde destacan el precio promedio para el barril de la mezcla mexicana de exportación, el crecimiento real del PIB, el nivel de tasa de interés de corto plazo y el tipo de cambio.
Una vez que da inicio el proceso, la SHCP cuenta con un plazo de poco más de 5 meses para presentar el paquete económico que se someterá a discusión del Congreso para su aprobación. Teniendo como límite el 8 de septiembre de cada año, la SHCP debe presentar, entre otros documentos complementarios: los Criterios, la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), así como la miscelánea fiscal. En palabras más llanas, la SHCP presenta su evaluación de las condiciones económicas y financieras que en ese momento advierte para el próximo año (Criterios), los ingresos que planea recibir como consecuencia de ese marco de referencia (ILIF) y los ajustes necesarios al marco tributario (miscelánea), además de un proyecto de asignación de dichos recursos vía el gasto (PPEF).
Cuando se discute el paquete que corresponde a cualquier año entre el segundo y sexto de cada administración los plazos señalan que ambas cámaras, es decir, Diputados y Senadores deben aprobar la LIF con las modificaciones que consideren, los primeros con plazo el 20 de octubre y los segundos el día 31 del mismo mes. Posteriormente, ya con la LIF aprobada, en la que se incluyen todas las fuentes de ingreso, incluido el financiamiento vía deuda, solo la Cámara de Diputados discute y aprueba el PEF a más tardar el 15 de noviembre. De tal forma que antes de que concluya el año calendario, termina el proceso de discusión y aprobación para que la SHCP inicie el siguiente año con claridad sobre las fuentes de financiamiento para su gasto.
No obstante, en el primer año de cada administración este proceso se ajusta para que el nuevo gobierno participe en el proceso de discusión y aprobación del paquete fiscal del que será su primer año en el gobierno. La presentación de los Pre-Criterios se mantiene en las fechas mencionadas previamente, pero la iniciativa de la LIF y el proyecto del PEF se pueden presentar hasta el 15 de noviembre. De esta forma se consigue que el Congreso disponga de tiempo suficiente para su análisis y su aprobación se deja para fin de año.
Este año, la nueva presidenta tomará posesión el primer día de octubre, la primera vez que esto ocurre desde la reforma política de 2014. Así, será el primer gobierno que, al amparo del marco de responsabilidad fiscal, disponga de un plazo extra para participar en el proceso de discusión y aprobación con el Congreso.
Por lo tanto, en este año de transición entre los gobiernos entrante y saliente, ambos participarán en el proceso de presentación, discusión y aprobación del paquete económico con el Congreso, siendo el gobierno entrante el que acarrea la responsabilidad de presentar un marco de análisis macroeconómico equilibrado que conduzca a estimaciones realistas desde el punto de vista fiscal. Para este gobierno, aunque el margen de contribución y discusión existe, muchos aspectos de planeación y administración de riesgos tendrán que ser ejecutados por el gobierno saliente, por lo que durante el periodo de transición ambos gobiernos mostrarán qué tan real es su compromiso con la responsabilidad fiscal. El escrutinio desde ese ángulo será para ambos, sin embargo, será el gobierno entrante quien deba gestionar cualquier riesgo que no se administre adecuadamente.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan la postura institucional.
Publicado en El Financiero.
07-03-2024
