Independientemente de su aprobación o no, la agenda de reformas presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es, en esencia, una visión sobre el legado de su administración.
De las 20 iniciativas, destacan las propuestas para modificar la Constitución en materia de energía –especialmente electricidad– y aguas, dos sectores clave para el bienestar de las familias y para atraer y retener inversiones. En el fondo, la cuestión central es la regulación de dos insumos esenciales: derechos de agua y redes eléctricas.
El historial de votaciones de la reforma eléctrica de 2021 –hace una semana invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación– y la fallida iniciativa de reforma constitucional –rechazada por el Congreso en abril de 2022– adelanta que ambas iniciativas tienen probabilidades relativamente bajas de aprobarse tanto en la Cámara de Diputados como eventualmente en el Senado de la República. No obstante, es necesario tomar con seriedad las propuestas y evaluar sus implicaciones.
La teoría de competencia económica define los insumos esenciales como insumos controlados por uno o pocos jugadores que son indispensables para uno o varios mercados. La característica fundamental de los insumos esenciales es que sin ellos no pueden funcionar determinadas industrias y, por ello, la regulación debe garantizar el acceso abierto no discriminatorio.
Los cambios planteados en las iniciativas pretenden lo contrario: restringir o inclusive negar el acceso a estos dos insumos en distintas regiones del país. Es un lugar común afirmar que México vive una crisis hídrica de una magnitud histórica y presiones en el sistema eléctrico que amenazan el suministro en regiones claves para la competitividad mexicana como el Noreste y el Bajío.
Atender estos desafíos –innegables y urgentes– debe ir de la mano, no contrapuesto, al desarrollo económico del país. ¿Qué pasaría con el sector agropecuario en el valle del Yaqui en Sonora, región con alta producción de granos y baja disponibilidad de agua? ¿Se limitarían nuevas inversiones en centros de procesamiento de datos en Querétaro, intensivos en agua y electricidad? ¿Puede la CFE expandir y modernizar las redes eléctricas en el sur-sureste al mismo tiempo que desarrolla la infraestructura de generación renovable necesaria para que se instalen industrias en la región?
En un contexto de restricción presupuestal, la apuesta debe ir por diversificar las fuentes de financiamiento de infraestructura (asociaciones público-privadas o instrumentos financieros como los CKD, Cerpi o Fibra E). Con ello el gobierno federal tendría un mayor margen financiero para atender los gastos de otras agendas prioritarias (programas sociales, educación, salud, entre otros), al mismo tiempo que se mantiene la propiedad y control estatales sobre la infraestructura crítica para la operación y uso responsable de los sistemas de aguas y eléctrico para garantizar el acceso abierto a estos insumos esenciales y promover un clima propicio para la inversión pública y privada.
El legado del gobierno del presidente López Obrador puede ir de la mano con el cambio estructural en la economía global que representa el nearshoring. Restringir el acceso a insumos esenciales no es congruente con el desarrollo.
Publicado en Animal Político.
08-02-2024
