El 20 de agosto de 2022 entró en vigor el Acuerdo Número 14/08/22 en el que se establece el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Sin un diagnóstico basado en evidencia, ni una guía aterrizada para las y los docentes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) busca transformar de fondo el sistema de educación básica en un año en el que organismos nacionales e internacionales han prendido alertas respecto a problemas estructurales que se han profundizado a raíz de la pandemia: el abandono escolar, la pérdida de aprendizajes y los problemas socioemocionales.
Aunque algunos pilares del nuevo modelo educativo como ofrecer conocimientos integrados (sin separar por materias), otorgar autonomía a los docentes y adecuar los aprendizajes a cada contexto educativo pueden parecer deseables, no es claro cómo contribuirán a mitigar el impacto de la pandemia.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó el nuevo plan de estudio y encontró que la falta de claridad en los contenidos prioritarios y los retos que tendrá el personal directivo y docente de cada escuela para llevar el plan a la práctica en las aulas podrían profundizar las brechas de desigualdad que se viven en el país. El desarrollo de habilidades dependerá de los recursos y capacidades con los que cuente cada comunidad educativa.
Hay varios elementos del diseño y la implementación que resultan preocupantes, tales como los que se enlistan a continuación:
- El nuevo plan de estudio carece de acciones concretas o un procedimiento que permitan a las y los docentes aplicar los cambios establecidos en el aula. La documentación oficial que describe el nuevo plan de estudio es meramente narrativa, y carece de una justificación basada en evidencia.
- Comenzará con una prueba piloto desfasada al inicio del ciclo escolar 2022-2023. La prueba piloto se aplicará en el primer grado de preescolar, primaria y secundaria de 960 escuelas públicas a nivel nacional, lo que equivale al 0.4% de las escuelas de educación básica del país. Se desconocen los criterios de selección y la lista de escuelas participantes. El piloto empezará el 29 de octubre, y no cuenta con fecha definida de término, lo que deja una ventana de tiempo ambigua sobre las acciones que los docentes de los centros educativos seleccionados llevarán a cabo los primeros dos meses del ciclo, o bajo qué plan iniciarán las actividades y cómo o cuándo se llevará a cabo la transición al nuevo plan.
- No se define el proceso de implementación del plan de estudio posterior al pilotaje. El acuerdo educativo señala la intención de incorporar los comentarios y sugerencias de las escuelas que participaron en el programa piloto a la versión final del plan de estudio. Sin embargo, se ha estipulado el ciclo 2023-2024 como inicio de la implementación de la siguiente etapa a nivel nacional, por lo que habrá poco tiempo para incorporar dichas correcciones. Tampoco se menciona qué ocurrirá con las escuelas piloto, ni cuánto tiempo de transición será necesario para implementar la nueva modalidad en su totalidad.
- Carece de lineamientos claros sobre las atribuciones que serán responsabilidad de la SEP y de las autoridades educativas estatales. Durante el piloteo, las autoridades educativas locales serán las encargadas de realizar acciones que permitan probar el programa. Posterior a este periodo, también serán las encargadas de realizar las previsiones escolares, educativas, de formación y actualización docente, administrativas y de gestión para implementar el nuevo plan de estudio en el ciclo escolar 2023-2024 de forma generalizada. Estas responsabilidades se abordan de manera muy general y no se establecen los recursos adicionales que serán necesarios para ello.
- Desdeña las evaluaciones estandarizadas. El nuevo plan de estudio pone en duda la pertinencia y la objetividad de las evaluaciones estandarizadas (como PISA y PLANEA) por considerar que ignoran el contexto que influye en las puntuaciones obtenidas. Por ello, presenta una alternativa denominada Evaluación Formativa en la que las y los docentes decidirán cómo evaluar a sus estudiantes para acompañar su proceso educativo. Sin embargo, se pierde la posibilidad de tomar decisiones de política pública basadas en evidencia, con datos comparables a nivel nacional e internacional.
La entrada en vigor del nuevo plan de estudio y la carga adicional que genera en las responsabilidades de docentes y planteles escolares podría limitar el desarrollo de habilidades y capacidades de las y los estudiantes, lo que podría reducir sus oportunidades en su futuro profesional. Para evitar este escenario, es necesario priorizar la atención a los principales desafíos del sistema educativo, entre los que destacan la pérdida de aprendizajes, abandono escolar y atención socioemocional. En particular, el IMCO Propone:
- Brindar certeza y acompañamiento al personal docente sobre la planeación curricular. El nuevo plan de estudio representa un cambio radical en comparación con el vigente. Es por esto que la planeación y la capacitación docente son de vital importancia. Para ello, se requieren guías prácticas y objetivos que clarifiquen a dónde se quiere llevar la política educativa, qué resultados se buscan, y cómo se medirán.
- Retomar las evaluaciones estandarizadas en las escuelas. Aunque han habido estimaciones en la pérdida de aprendizajes, hasta el momento se desconoce su dimensión con precisión. Esto cobra mayor importancia en un escenario en el que, por disposición oficial, las y los alumnos no pueden repetir año por un mal desempeño escolar. Las evaluaciones estandarizadas, como el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), permiten medir el nivel de conocimientos de las y los estudiantes, que sirve como guía para definir el rumbo de la política educativa. Los resultados de la prueba son una brújula para el diseño del contenido académico y del desarrollo profesional docente con base en evidencia.
- Contar con indicadores actualizados sobre la población escolar. Actualmente no se tiene un levantamiento de datos oficial que mida el abandono o la deserción escolar ni las motivaciones de estos. Estas mediciones permiten dimensionar el número de alumnos que ya no se inscribieron al siguiente ciclo escolar de forma temporal o definitiva e implementar acciones para mitigarlo.
Un plan sin rumbo pone en riesgo el objetivo de la educación como un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar los conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes de los niños y niñas que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional como lo establece el artículo quinto de la Ley General de Educación.