2022 fue un buen año para la formalidad en México. A lo largo de los 12 meses, de acuerdo con las cifras más recientes de la encuesta nacional de ocupación y empleo, el mercado laboral agregó 1.4 millones de empleos formales, más que suficientes para compensar la caída de 350 mil empleos informales, y suficientes también para lograr una reducción en la tasa de informalidad laboral del país (de 56.5 % a 54.9 % de los trabajadores). Fueron mejores noticias que las recibidas a finales de 2021, cuando la generación de empleo informal fue dos veces mayor que la de empleo formal.
En 2023, lo ideal sería continuar con la tendencia de 2022, con una generación totalmente formal en los nuevos empleos disponibles para los mexicanos. Esta meta, sin embargo, no está exenta de desafíos.
Los retos están principalmente asociados con el costo de otorgar prestaciones y cumplir con los derechos laborales completos para los trabajadores. Para los empleadores, gastos como el pago de cuotas al IMSS, al Infonavit o al Sistema de Ahorro para el Retiro, sumados a los impuestos sobre nóminas y los recursos dedicados a aguinaldos, han sido incentivos para eludir el cumplimiento completo de los derechos laborales de sus trabajadores, debido frecuentemente a una incapacidad económica para cubrir esos gastos.
Además, hay nuevos gastos a considerar dentro de los incentivos para la formalización de los trabajadores en los siguientes meses. En particular, la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones -que duplicó los días de vacaciones laborales otorgadas a los trabajadores y trabajadoras formales- representa un costo adicional en la forma de mayores primas vacacionales para más de 1 millón de patrones. Se suma también a los costos asociados con el incremento de 20 % al salario mínimo que entró en vigor el 1º de enero.
Por supuesto que otorgar mejores prestaciones a los trabajadores del país -ya sea con 12 días de descanso oficial o con la garantía de mayores ingresos por sus labores- es una buena noticia, y es fundamental para incentivar la productividad de la fuerza laboral y, por ende, la economía de México. Sin embargo, esta transición no será inmediata, por lo que en el corto plazo los costos generados por un aumento en prestaciones pueden ser superiores a los beneficios. Por eso es necesario generar condiciones que amortigüen el impacto sobre los costos de los empleadores, de manera que este periodo de transición no resulte en una menor formalización de los trabajadores.
Un paso necesario es la reducción de los costos económicos y la eficiencia de los procesos burocráticos por los que un empleador tiene que pasar al afiliar a sus trabajadores a las instituciones de seguridad social. Esto facilitaría un mayor avance en la formalización de los 32 millones de personas que trabajan en un empleo informal y que no tienen acceso a las prestaciones otorgadas actualmente (ni a las que se puedan anunciar o mejorar en el futuro).
Al considerar que 7 de cada 10 personas que trabajan en informalidad lo hacen en un micronegocio o un establecimiento pequeño, con ingresos relativamente menores, se vuelve evidente la importancia de una reducción de costos. Si la subsistencia del negocio es la prioridad, y los costos de la formalidad son elevados, difícilmente habrá un aumento en el acceso de sus empleados a las prestaciones y beneficios de ley.
Por otro lado, promover un entorno económico más competitivo y atractivo para la inversión también es fundamental para lograr que un mayor número de establecimientos y de empleadores tenga los recursos necesarios para cubrir los costos de la formalización. Un ambiente económico más propicio para los negocios, con mayor inversión nacional e internacional y mayores ganancias para las empresas es terreno más propicio para la formalidad.
El problema de la informalidad está arraigado en la economía mexicana y ha persistido por décadas. Frecuentemente, la discusión se concentra en un solo culpable, señalando a la evasión fiscal de las empresas como la causa, o apuntando a un esquema de seguridad social que genera más obstáculos que facilidades. Ambos argumentos tienen un punto.
Por un lado, los negocios y los empleadores del país deben cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales y, por el otro, el gobierno y las políticas públicas deben estar encaminados a una optimización del esquema laboral y de seguridad social, de manera que sea más eficiente y barato, y vuelva más fácil -para empresas de todos los tamaños- el cumplimiento de los derechos laborales de las personas. Tal vez para lograr un verdadero avance en la formalización del empleo en México es necesario atacar el problema en conjunto y no como una obligación única de cualquier actor.
Publicado en Animal Político.
02-02-2023
