Los órganos autónomos no se hicieron en un día, pero desafortunadamente sí pueden eliminarse de forma repentina. Las recientes reformas presentadas por el presidente López Obrador incluyen una iniciativa para eliminar varios órganos autónomos que cumplen funciones importantes para la democracia. Esta estocada final contra los autónomos no es una acción aislada, sino parte de un plan de concentración del poder que incluye quitar del camino instituciones que se perciben ‘incómodas’.
Prácticamente desde el inicio del sexenio se hizo evidente la posición hostil del Ejecutivo contra varias instituciones que gozan de autonomía y que constituyen un contrapeso necesario para la democracia y rendición de cuentas. Si bien estos órganos son perfectibles en muchos sentidos, resultan fundamentales para que las decisiones no se concentren en voluntades particulares ni en caprichos de política pública.
La estrategia presidencial contra los autónomos incluyó varios pasos: primero, el ataque narrativo. A través del muy conquistado terreno del discurso, el presidente se lanzó contra estos órganos y en algunos casos contra sus funcionarios para decir que no hacen nada, son onerosos, constituyen gastos superfluos o se dedican a atacarlos. Esto incluyó adjetivos como ‘burocracias obesas’ que sin asomo de disimulo se transcribieron tal cual en la exposición de motivos, porque la técnica legislativa a quién le importa a estas alturas.
El segundo embate incluyó pasar de las palabras a la acción o, específicamente, a la conveniente omisión de nombramientos para afectar la operación de estas instituciones. Dos casos concretos: el Pleno del INAI estuvo sin sesionar durante 66 días por no tener quórum dada la falta de nombramiento del Senado y el veto presidencial. También, el presidente tardó dos años en enviar propuestas para la elección de comisionados faltantes en la Cofece. El asunto no es trivial: órganos constitucionales autónomos dejaron de funcionar según su diseño constitucional por la acción deliberada de obstaculizar dichos nombramientos. Como si hubiera necesidad de probar el dolo presidencial, se filtró un audio del entonces Secretario de Gobernación en el que le daba a legisladores de Morena instrucciones precisas.
La tercera acción de ataque a los autónomos se materializó el pasado 5 de febrero. Aunque se plantea que las atribuciones de los autónomos eliminados se trasladen a otras dependencias, no se consideran los efectos en la parcialidad y el nivel técnico que requiere la función de regulación. Lo que plantea la iniciativa muestra que no existe una intención de fortalecer las funciones de transparencia, de evaluación de la política social o de vigilancia a la libre competencia, sino eliminar por eliminar.
De nuevo: estas instituciones están lejos de ser perfectas. Seguramente existen malas prácticas de gasto, es necesario fortalecer la profesionalización de sus servidores o mejorar procesos. Y eso es lo grave: sin un debate informado -que considere las características de cada institución-, sin evidencia y sin diagnóstico, ¿qué reformas administrativas se pueden proponer? Solo aquellas destinadas al fracaso, con las consecuencias que eso tiene para la ciudadanía y para la vida democrática del país.
El presidente se ha empeñado en ir contra los autónomos… y llevarse a su paso años de esfuerzo en la regulación de actividades económicas, la innovación en diferentes mercados, la garantía de acceso a la información pública, la generación de evidencia en materia de pobreza y la protección de datos personales.
Publicado en Animal Político.
15-02-2024
