Pensemos en una mujer que lleva años sin sentencia en una cárcel donde existe hacinamiento, hostigamiento sexual, robo, amenazas, no hay suficiente personal y el jefe de algún grupo criminal es quien manda. Además, supongamos que esa mujer entró embarazada a la cárcel, no puede estudiar porque no tiene la documentación requerida y no cuenta con una red de apoyo. ¿Qué obstáculos enfrentaría esa mujer al buscar la reinserción social?
En general, las mujeres que se encuentran en situación de cárcel tienden a enfrentar desafíos particulares: (i) acceso limitado a oportunidades educativas y de trabajo al interior de los centros penitenciarios (mayor proporción de mujeres que hombres afirman que en sus centros penitenciarios no hay programas educativos) y (ii) una mayor carga de cuidado de los hijos (algunas mujeres crían a sus hijos dentro de la cárcel).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad del INEGI, en los centros penitenciarios municipales, estatales y federales del país, 6% de la población total que se encuentra en la cárcel son mujeres. La mayoría de estas mujeres tiene entre 18 y 39 años, y alcanzó un nivel académico básico (preescolar, primaria o secundaria). Aproximadamente 31% recibe menos de 3 mil pesos al mes, menos de la mitad de un salario mínimo mensual. Es decir, una mujer en la cárcel tiende a ser joven con carencias educativas y laborales previas a la detención.
A pesar de los bajos niveles de escolaridad entre la población femenina privada de la libertad, menos de 30% cursa un programa educativo dentro de la cárcel, en su mayoría para obtener el bachillerato. La razón más común que declaran las mujeres en esta situación para no estudiar es la falta de documentos (certificados de estudio o actas de nacimiento).
El trabajo dentro de prisión desarrolla habilidades fundamentales para el mercado laboral y reduce la probabilidad de reincidencia. Actualmente, dentro de los centros penitenciarios, una menor proporción de mujeres (64%) que de hombres (72%) reporta realizar algún tipo de actividad laboral para obtener un pago o beneficio no monetario. Sin embargo, se observan variaciones por centro penitenciario y estado. En Guerrero 89% de las mujeres realizan algún tipo de actividad laboral en contraste con 18% en Baja California. El trabajo más común es que las mujeres se dediquen a labores artesanales.
El cuidado de menores recae en las mujeres, aún cuando ellas están en la cárcel. Siete de cada 10 mujeres privadas de la libertad tienen hijos que requieren de cuidados, la mayoría delega esta responsabilidad a los abuelos y 6% de ellas vive con sus hijos dentro de la prisión.
La vivencia de la cárcel impone desafíos particulares para la población femenina privada de la libertad, por lo que se requiere considerar algunas estrategias con perspectiva de género para favorecer su reinserción social. Algunas de estas implican disminuir las cargas administrativas para inscribirse en los programas de estudio y trabajo en la cárcel, y tomar en cuenta las brechas de género en materia de cuidados. Sin una política carcelaria orientada a la reinserción social femenina, México pierde la oportunidad de romper el ciclo de reincidencia y promover la consolidación de una fuerza laboral productiva que hoy puede estar desperdiciada.
Publicado en La-Lista.
15-03-2023
