Un amplio sector de la población recibió con alegría la aprobación del nuevo impuesto. Corría el año de 1913 y Estados Unidos acababa de aprobar un tributo sobre la renta de personas y empresas. La Enmienda XVI a la Constitución de EU permitió al gobierno federal quedarse con los dineros de este gravamen, sin tener que transferir una porción a las entidades de la Unión Americana. Una coalición de causas nobles y buenas conciencias recibió el impuesto como una auspiciosa señal divina.
Organizaciones feministas, movimientos a favor de la población negra y devotos feligreses vieron el impuesto como la piedra de toque para salvar a la sociedad norteamericana de la perdición. Antes de este nuevo orden tributario, el erario del gobierno federal era totalmente dependiente de los impuestos a las bebidas fermentadas y destiladas. Washington padecía de alcoholismo tributario. De acuerdo con Daniel Okrent, autor del libro Last Call sobre la historia de la prohibición, los ingresos tributarios derivados del alcohol llegaron a cubrir el 40% del gasto del gobierno central. La lucha por la prohibición del alcohol pasaba forzosamente por la sustentabilidad tributaria del fisco federal.
A principios del siglo XX, en EU, los “licores intoxicantes” eran considerados como la raíz de múltiples perversidades sociales. La violencia que brutalizaba la vida doméstica afectaba a un amplio sector de la población femenina. Para las personas de color, el alcohol representaba una nueva forma de esclavitud. Desde los púlpitos y los templos se miraba a la bebida como el mejor aliado de la decadencia colectiva. Esta improbable coalición de fuerzas sociales encontró, en la prohibición del alcohol, la mejor de las causas que podía abanderar una persona de bien. El imparable movimiento a favor del sufragio femenino tenía como primera prioridad elegir a políticos que enarbolaran esta noble causa en contra de los brebajes de Satanás. Sólo los mercaderes del vicio y los políticos amorales se podían oponer a una medida que buscaba evitar que EU se convirtiera en una nación de borrachos.
La coalición por la abstinencia forzada obtuvo su victoria en 1919, cuando se aprobó la Enmienda XVIII a la Constitución, para prohibir la venta de alcohol dentro del territorio de EU. Al año siguiente, en 1920, las mujeres consiguieron finalmente el derecho a votar. La Unión Americana aprendió pronto la lección que una cosa es borrar y reescribir la Constitución y otra muy distinta es transformar la realidad. Los bebedores ocasionales y consuetudinarios mantuvieron la demanda de sus elixires preferidos. De un día para otro, productores, distribuidores, vendedores y consumidores de aguas espirituosas fueron exiliados al submundo criminal.
La fuerza económica del mercado de alcohol se convirtió en un corrosivo poder corruptor de las instituciones de procuración de justicia. La administración de favores y castigos cuajó como invaluable negocio para políticos y miembros de las corporaciones policiales. La ley de oferta y la demanda se cumplió con más apego que la enmienda constitucional. La prohibición generó escasez y esto detonó el aumento de precios. Los contrabandistas de poca monta y los productores de escala doméstica fueron reemplazados por operaciones de tamaño industrial.
El remedio de la prohibición del alcohol resultó mucho más nocivo que la enfermedad social que se buscaba curar. Finalmente en 1933, una nueva enmienda a la Constitución (XXI) terminó con la prohibición federal sobre el negocio y el consumo de alcohol. En una invocación a su espíritu federal se determinó que cada estado de la unión decidiría el grado de permisividad sobre este negocio. En una segunda ola de descentralización, todos los gobiernos estatales entregaron a las autoridades municipales la potestad de permitir o vedar el alcohol.
La descentralización y el federalismo podrían ser la alternativa para salir del laberinto de algunas prohibiciones contemporáneas. Si el mundo cambia, México no puede permanecer quieto.
