La convergencia de los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones ha permitido que las empresas que tradicionalmente se dedicaban a la telefonía ahora ofrezcan servicios de video, y que las empresas de televisión incursionen en los mercados de voz y datos, lo que ha generado para los consumidores mexicanos precios más bajos, mejores servicios y mayor accesibilidad.
Sin embargo, el reciente estudio de la OCDE da cuenta que estos avances no son suficientes. El organismo describe los rezagos existentes tanto en términos de cobertura como de alcance de las redes de telecomunicaciones, así como en la accesibilidad y uso de los servicios.
Nos muestra que en todos los segmentos de mercado existe una empresa dominante, y advierte que el sector se está dividiendo en dos grandes grupos: América Móvil (Telmex y Telcel) -con un marcado liderazgo en los segmentos de telefonía fija y móvil-, y Grupo Televisa -líder de los servicios de televisión de paga y de los contenidos televisivos.
Después de que se hizo público el estudio, han existido distintos puntos de vista sobre el contenido de éste. Hay quienes dicen que el estudio no dice nada nuevo; en contraste, otros opinan que es una síntesis muy bien lograda sobre las debilidades del sector.
Desde mi perspectiva, los señalamientos sobre los niveles de dominancia de Telcel y Telmex y su impacto negativo sobre la dinámica de competencia del sector podrían personalizar el debate. Aunque el estudio en realidad nos está advirtiendo que la traba principal al desarrollo del sector es el Estado mismo. Es decir, estamos como estamos porque el Estado mexicano (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en conjunto) no ha podido o querido articular una política de telecomunicaciones coherente y de largo plazo.
Una de las observaciones hechas al documento es que las recomendaciones de política que presentan (alrededor de 40) son generales, es decir que no son acciones concretas que toman en cuenta el contexto mexicano.
Tengo entendido que el objetivo del estudio no era ese, sino el de recibir recomendaciones desde la perspectiva de la comparativa internacional, de lo que se considera las “buenas prácticas”. A la autoridad mexicana le corresponde definir las acciones concretas para su aplicación, así como identificar las restricciones para implementarlas.
En el IMCO nos dimos a la tarea de mapear algunas de las acciones necesarias para implementar varias de estas recomendaciones, identificando al actor responsable para cada una de las medidas. Al hacer el ejercicio, nos damos cuenta que la gran mayoría de las acciones para transformar al sector necesita del esfuerzo coordinado de muchas autoridades.
Por ejemplo, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) necesitaría modificar su reglamento interno si quisiera atender las múltiples recomendaciones relacionadas con mejorar sus procesos de gestión interna, como establecer qué tipo de regulaciones pueden y deben pasar por consulta pública, o si quisiera hacer del dominio público las votaciones de los comisionados en el Pleno, con oportunidad y transparencia, o si pretendiera obligarse a la difusión periódica de un conjunto de información sobre la calidad de los servicios de telecomunicaciones.
Sin embargo, la Comisión sólo tiene facultades para proponer el contenido de su reglamento, depende de la firma del Presidente de la República, previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que éste pueda entrar en vigor.
Un segundo ejemplo de este esfuerzo coordinado es si la Cofetel o la SCT quisieran terminar con la “doble ventanilla”, que no es otra cosa que la duplicidad de funciones y responsabilidades entre estas dos instancias, que daña el funcionamiento del sector al retrasar la toma de decisiones de la autoridad y al abrir los dos cuerpos al cabildeo de la industria.
La Cofetel podría proponer la modificación de varios artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones; sin embargo, no tiene la facultad legal para presentar iniciativas de ley, lo que implica que está a merced de que el Presidente lo solicite. En el caso de que este último lo haga, la decisión final depende del Congreso.
Ojalá la coyuntura del estudio permita a nuestros gobernantes consensuar y establecer una definición clara de qué es lo que el país requiere por política de telecomunicaciones. De lo contario, seguiremos reprobados. Eso es en fondo lo que nos quiere decir el reporte de la OCDE.
*La autora es Directora de Proyectos de Buen Gobierno en el Instituto Mexicano para la Competitividad.
