Durante las campañas de 2018 y al entrar la nueva administración, el gobierno y la iniciativa privada establecieron como meta de inversión llegar al 25% del PIB, de este total 20% sería privada y 5% pública. Aprobar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en los términos del dictamen de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados implica no lograr este objetivo, lo que significa que el plan de gobierno se volvería inviable, es decir que no se podrían ejecutar el conjunto de proyectos de inversión y programas sociales prioritarios.
La discusión pública y el debate parlamentario deben considerar todos los costos del dictamen. El primero y más evidente es un mayor precio de la energía eléctrica para hogares y empresas al desplazar la generación privada, más barata y más limpia (lo cual tendría un impacto inflacionario y en el salario mismo de los trabajadores al aumentar los costos de producción). De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la diferencia entre los costos promedio de generación por megawatt-hora con energías renovables a partir de las subastas de largo plazo y los de las centrales de la CFE fueron de 252% en 2020 y 295% en enero 2021.
Los mayores costos se reflejarán en un mayor precio a los usuarios o en mayores subsidios etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es decir, le quitan a los mexicanos la oportunidad de tener otros beneficios por parte del Gobierno. En 2021, los subsidios ascenderán a 70 mil millones de pesos. En caso de decidir no incrementar tarifas, el impacto se reflejará en un aumento en este rubro de 2022 en adelante.
En segundo lugar está el costo de indemnizaciones. La iniciativa propone priorizar las centrales de la CFE sobre los privados, así como revisar los contratos de los Productores Independientes de Energía (PIE) por lo que, al volver inviable la operación de estos activos las empresas estarían en su derecho de exigir una indemnización por un monto ajustado a la depreciación de los activos. Los PIE han invertido aproximadamente 359 mil millones de pesos en sus centrales eléctricas, de acuerdo con datos de la CRE.
Finalmente, México pagaría el costo reputacional de no respetar el Estado de derecho en su economía y sus compromisos ratificados en tratados comerciales internacionales. El gran éxito del TLCAN original fue establecer por primera vez el imperio de la ley en la parte exportadora de la economía mexicana y en sus inversiones. No será posible explotar los beneficios del T-MEC y atraer inversión sin esta confianza, ya deteriorada desde la cancelación del NAICM y la planta cervecera en Mexicali.
La meta de invertir 25% del PIB se fijó mucho antes de la pandemia del covid-19. Desde entonces había consenso sobre la necesidad de incrementar la inversión pública y privada para acelerar el crecimiento económico. No obstante, hoy resulta fundamental para la recuperación económica. El gobierno federal cometería un error al no analizar el costo de la iniciativa en términos de oportunidad, aprobar implicaría un rechazo explícito a la inversión y a la confianza de los mercados, así como reasignar las prioridades del gasto en el PEF, en un contexto de austeridad y finanzas públicas presionadas.
Los proyectos de inversión y los programas sociales prioritarios pagarían las consecuencias. La alternativa sería romper la promesa de no endeudar al país para financiar gastos evitables. Ninguna de las dos es deseable para el gobierno ni para los ciudadanos. En otras palabras, no solo está en juego la competitividad y la recuperación económica del país, sino la viabilidad misma del plan de gobierno de la actual administración.
Publicado por Animal Político
18-02-2021
