En México no hay un Estado de derecho: no se cuenta con las condiciones óptimas para el pleno desarrollo de la población, no hay igualdad de oportunidades, el acceso a la justicia es deficiente y persisten las violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo se puede conocer la situación actual del país en la materia?
El Índice de Estado de Derecho 2020 (IED),elaborado por el World Justice Project, es una evaluación sobre la adherencia al Estado de derecho en el mundo, desde una perspectiva ciudadana. Los puntajes se calculan con base en las encuestas realizadas a 130 mil hogares y a 4 mil expertos, en 128 países.
Este índice mide el desempeño de las instituciones de cada nación a través de los siguientes factores: contrapesos gubernamentales (límites impuestos a quienes gobiernan), ausencia de corrupción (uso del poder para obtener un beneficio indebido), gobierno abierto (transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana), el respeto a los derechos fundamentales (respeto a los derechos de las personas), la seguridad pública (garantizar la seguridad de la población), cumplimiento regulatorio (aplicación efectiva de las normas), la justicia civil (acceso a mecanismos de solución de controversias) y la justicia penal (efectividad y calidad del sistema penal).
Estos factores resumen distintas manifestaciones del Estado de derecho y sirven para contar con información respecto a las fortalezas y debilidades institucionales de cada país para fomentar políticas públicas de solución.
¿Qué resultados obtuvo México a nivel global, regional y con países con igual clasificación con respecto a su ingreso?
Los resultados muestran que México presenta buenas evaluaciones en Gobierno Abierto, es decir que el Gobierno comparte información y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones. Sin embargo, tiene enormes retos relacionados con la aplicación de las leyes, el respeto a los derechos humanos de sus habitantes y los altos niveles de impunidad, inseguridad y corrupción.
En contraste, países como Uruguay (1), Costa Rica (2) y Chile (3) tienen los mejores resultados a nivel regional del ranking: son las naciones menos corruptas de Latinoamérica y el Caribe, además de estar dentro de los primeros 15 lugares en el rubro de orden y seguridad y formar parte del top 10 regional en materia de justicia civil y penal.
En el ranking global, Dinamarca destaca por tener los niveles de corrupción más bajos del mundo, como resultado de la implementación de normas que limitan el poder del Gobierno. Noruega y Finlandia resaltan por respetar los derechos fundamentales de sus habitantes y por tener un sistema eficiente de justicia penal.
Estos países nórdicos cuentan con una garantía de protección ante riesgos sociales, como el desempleo, condiciones más equitativas para competir, un nivel de ingreso mínimo ante cualquier adversidad, bajas tasas de criminalidad y bajos niveles de represión penal. Por ello, actualmente mantienen el denominado “Estado de Bienestar”, que busca una mayor atención a la redistribución y a la satisfacción de la población.
Sirva de muestra lo anterior para evitar que se continúe pensando que la represión penal funciona para desincentivar el delito y no las políticas de inclusión y desarrollo que garanticen un acceso integral a la justicia, prevención, salud, trabajo, educación, en donde las personas puedan vivir en un ambiente que les permita confiar en la autoridad y vivir en paz.
Publicado por Animal Político
22-04-2020
