Un fideicomiso público es un contrato que el gobierno federal o las entidades gubernamentales constituyen para administrar recursos y responder a necesidades y fines específicos que requieren contar con recursos independientemente del ciclo presupuestal. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al segundo trimestre de 2020, los fideicomisos públicos sin estructura orgánica en México sumaron $728 mil 382 mdp.

El jueves 8 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen por el cual se contempla la eliminación de 109 fideicomisos públicos, que en su conjunto, suman un total de $68 mil 400 mdp (9.4% del monto total asignado a todos los fideicomisos, equivalente a 1.2% del presupuesto de egresos del presente año). Con 239 votos a favor, 145 en contra y 4 abstenciones, y a pesar de las 398 reservas hechas por legisladores de la oposición y algunos diputados federales del grupo parlamentario de Morena, se aprobó su extinción.

Más de la mitad de los recursos asignados a los fideicomisos públicos que se proponen desaparecer forman parte de los fondos que actualmente recibe el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Estos 65 fideicomisos van desde la investigación sobre pobreza, el desarrollo en ciencias navales y el desarrollo aeroportuario, hasta la sustentabilidad energética. De aprobarse la minuta por el Senado, otros fideicomisos públicos que desaparecerán serán el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

De acuerdo con el dictamen, su extinción forma parte de la política de austeridad de la administración, con el propósito de asignar los recursos públicos a la atención de la pandemia. La iniciativa de extinción considera que la razón para desaparecerlos se debe a la opacidad y la discrecionalidad que presentan los fideicomisos. Se argumenta que los recursos se utilizarán para mitigar los efectos económicos y sanitarios ocasionados por el virus del Covid-19.

En 2015, la Ley General de Transparencia incluyó a los fideicomisos como sujetos obligados. Actualmente, existen obligaciones legales para conocer los montos asignados a estos fideicomisos, los beneficiarios y el propósito para el cual fueron constituidos. Además, deben operar de acuerdo a sus reglas de operación y que son auditables por la Secretaría de la Función Pública y por la Auditoría Superior de la Federación. También existe la obligación de publicar reportes cada tres o seis meses.

La mayor parte de los fideicomisos opera con un comité técnico, en el cual participan representantes de las dependencias u oficinas involucradas en el propósito del fideicomiso. Los comités técnicos tienen como función discutir y valorar la entrega de los apoyos a cargo del fideicomiso respectivo. Las decisiones que toman los comités técnicos disminuyen las decisiones unipersonales.

Algunos de estos fideicomisos concentran recursos que son autogenerados, de privados o de terceros (donaciones). La reforma en discusión no contempla mecanismos para asegurar a sectores y beneficiarios de los fideicomisos los apoyos requeridos.

El proceso de extinción será financiera y jurídicamente complejo, por lo que podrán pasar meses o años para que éstos finalmente se eliminen. Será la SHCP la instancia encargada de resolver los aspectos relativos al proceso de extinción de los 109 fideicomisos, con el objetivo de que sus recursos sean transferidos a la Tesorería de la Federación.

Con algunas modificaciones y adiciones aprobadas por la Cámara de Diputados, el dictamen se turnó al Senado de la República para su discusión y dictaminación.

De aprobarse en los mismos términos, la Ley de Ingresos de la Federación 2020 establece que los recursos públicos que se reintegren de un fideicomiso, mandato o contrato análogo, así como los remanentes de la extinción o terminación de la vigencia de esos instrumentos jurídicos, deberán ser concentrados en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de productos o aprovechamientos, y se podrán destinar a los fines que determine la SHCP. Del mismo modo, los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos se podrán destinar a gasto de inversión, así como a programas que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

El análisis que el Senado realice debería valorar caso por caso cada uno de los fideicomisos, su propósito original para el cual fue creado, así como las consecuencias que implicaría su desaparición. Aplicar la política de austeridad en los fideicomisos de manera general puede ocasionar que los recursos y las ayudas a los beneficiarios desaparezcan.

El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados carece de claridad en cuanto que:

• No contempla cómo se ejercerían los recursos obtenidos de la extinción de los fideicomisos. Es decir, no queda claro qué tratamiento se les daría a los recursos y el destino que tendrían, ya sea para atención a la salud, recuperación económica, continuar con los fines específicos que contemplan o inclusive proyectos de inversión o pago de deuda.
• No establece reformas adicionales que incorporen mecanismos de financiamiento u obligación por parte del Estado de proveer recursos para los sectores y beneficiarios de los fideicomisos.
• No resuelve los problemas de opacidad en los fideicomisos públicos, tampoco establece reformas a sus mecanismos de gobernanza o al marco de transparencia.
• No existe una motivación ni fundamentación por la que se haya justificado la extinción de los fideicomisos y por qué se considera la medida adecuada para proveer de recursos al gobierno.

El Senado de la República tendrá la gran responsabilidad de tomar la decisión sobre continuar con la extinción de los fideicomisos a rajatabla y sin ningún elemento que la sustente o realizar una valoración sobre el propósito, desempeño y utilidad de cada uno de ellos. La falta de elementos para sustentar la extinción genera más dudas e incertidumbre sobre el manejo de los recursos públicos en México.

Los fideicomisos públicos requieren de mejores controles y mecanismos de gobernanza, la solución no es extinguirlos sin análisis. La atención a la pandemia, el combate a la corrupción y la opacidad, no se resuelven con la eliminación de los fideicomisos.

Su extinción puede generar otros problemas e incrementar la fragilidad en la que ya se encuentran sectores clave para la competitividad del país. 

Consulta la Lista de fideicomisos contemplados para su extinción.