La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) que firmamos más de 600 mil ciudadanos en 2016, parecía ser un hito para la transparencia. Cuatro años después, los formatos de las declaraciones patrimoniales aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción asemejan la puerta trasera de la opacidad.
Tras múltiples debates que ponderaban entre la transparencia y la protección de datos personales, se determinó que en los formatos de las declaraciones no sería pública la información relacionada con bienes muebles o inmuebles que poseen los declarantes junto con su cónyuge o familiares, con el argumento de que estos últimos no son funcionarios públicos, por lo que no están obligados a transparentar su información.
Asimismo, no se especificará el saldo de sus cuentas bancarias, entre otros datos similares que fueron catalogados como información que puede poner en riesgo la vida privada de los funcionarios.
Un ejemplo concreto es el caso de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a quien se le ha cuestionado sobre el número de inmuebles que posee junto con su cónyuge, en comparación con los ingresos que ha reportado en los últimos años. En una situación similar se encuentra la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero; el secretario de Educación, Esteban Moctezuma; el director general de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; entre otros funcionarios del gabinete federal, como lo dio a conocer Milenio hace unos días. De hecho, el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha respaldado y expresado su apoyo a su gabinete, a quienes se les ha acusado de posibles casos de corrupción.
No publicar información importante sobre los bienes que poseen los funcionarios en copropiedad con su cónyuge o familiares significa un retroceso en la rendición de cuentas, pues se ha comprobado que esta es una forma de ocultar enriquecimiento ilícito al utilizar el nombre de terceros para evadir sus obligaciones. De esta forma, los ciudadanos no podremos acceder a información que podría ser motivo de nuevas investigaciones.
El camino tortuoso de la implementación de la LGRA ha estado lleno de festejos y fallas simultáneas. Lo que se ganó con la aprobación de la ley, se perdió con la determinación de formatos de las declaraciones que complican el seguimiento sobre la evolución patrimonial de los funcionarios, ya que, dado que esta información está solo bajo posesión de las autoridades, no existe el contrapeso ciudadano que vigile el manejo de dichos datos, así como las investigaciones que se deban iniciar al respecto.
La transparencia que exigimos en 2016 con la Ley 3de3, ahora parece invisible. ¿Qué debe suceder para que los gobiernos en turno se comprometan con la detección, investigación y sanción de posibles ilícitos? ¿No fue suficiente una ley impulsada desde la ciudadanía para exigir total transparencia de los funcionarios públicos?
Es necesario concretar acciones visibles que permitan evaluar contrastes en la información que reportan los servidores públicos. De igual forma, debe existir un apoyo institucional y presupuestal hacia la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para garantizar la puesta en marcha de la Plataforma Digital Nacional donde ya deberían ser presentadas las declaraciones de los funcionarios, los procesos de compra pública, así como las denuncias ciudadanas por casos de corrupción. Estas son algunas formas precisas sobre las que podría actuar el gobierno actual para alinear el discurso de transparencia con las demandas ciudadanas.
Publicado por Animal Político
25-06-2020
