A finales de cada año, la atención mediática tiende a centrarse en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sin embargo, para el mes de abril, que es cuando la Secretaría de Hacienda presenta la Cuenta Pública y la manera en la que efectivamente se gastaron los recursos públicos, la atención disminuye considerablemente.
Parece que en México nos preocupamos más por escuchar los planes y promesas de gasto de nuestras autoridades que por verificar si, en la práctica, cumplieron con ellas. Tan solo en los últimos cinco años, por ejemplo, el término “Presupuesto de Egresos” ha sido cinco veces más popular entre los internautas mexicanos que “Cuenta Pública”, según datos de Google.
No obstante, en un país en el que los contrapesos son débiles, las reglas laxas y la rendición de cuentas baja, creer que las autoridades van a gastar como nos dicen que van a hacerlo es ingenuo. Muestra de ello son las diferencias entre los montos asignados y ejercidos en temas tan sensibles e importantes para la población como la seguridad pública y la salud.
En cambio, la Secretaría de Energía le transfirió a Petróleos Mexicanos (Pemex) 867% más aportaciones de capital de las que debía entregarle. En lugar de los 17.2 mmdp aprobados en el presupuesto, le otorgó 166.6 mmdp.
Así como el Gobierno Federal puede distorsionar los objetivos plasmados en el presupuesto que aprobó una mayoría de diputados al destinar 867% más recursos a Pemex, sin que se enciendan las alarmas o se levanten banderas rojas, lo mismo sucede en las 32 entidades federativas.
Ante la debilidad de los contrapesos locales que limiten el uso discrecional (e incluso arbitrario) de los recursos públicos, cobran relevancia aquellas voces que desde la sociedad civil documentan y señalan excesos, así como malas prácticas, en el ejercicio de los recursos públicos estatales.
Este es el caso del Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) que elabora elInstituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) desde 2017 y cuya más reciente edición documenta variaciones sistemáticas, generalizadas y, en ocasiones, significativas entre el gasto aprobado y ejercido para múltiples partidas de gasto en los estados.
Un caso paradigmático que evidencia esto es el gasto en comunicación social y publicidad. A pesar de que las 32 entidades federativas presupuestaron 5.1 mmdp para esta partida en 2023, terminaron gastando 66.6% más recursos (8.4 mmdp). Ese año, 24 estados presentaron un sobreejercicio en esta partida, y 13 de ellos gastaron más del doble de lo autorizado por sus respectivos congresos. En casos como Tamaulipas y Veracruz, el gasto fue 1,245% y 1,187% mayor al aprobado, respectivamente.
Ante esta realidad, en la que las palabras pesan más que los hechos y los presupuestos de egresos son una mera formalidad, quizás el foco mediático debe reorientarse hacia el análisis de las cuentas públicas. Es ahí donde vemos las verdaderas prioridades de quienes nos gobiernan.
Publicado en Animal Político
20-06-2024
