- Entre 2015 y 2021, la inversión federal representó, en promedio, 76% de la inversión pública total en los estados.
- Desde 2015 el sector de hidrocarburos ha recibido 74% del total de inversión pública federal, contra toda recomendación internacional.
- En México la inversión pública difícilmente puede rendir los frutos que debería para la población y la economía debido a los problemas en su definición, medición y evaluación.
La inversión pública es fundamental para el crecimiento y desarrollo económico de un país y representa las decisiones sobre su presente y futuro. Apostar por proyectos de infraestructura que mejoren la calidad de vida, aumenten la conectividad e impulsen la productividad puede cambiar el rumbo económico y social de una nación.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó la composición de la inversión pública, tanto la inversión federal en los estados como la inversión que los propias entidades llevan a cabo - inversión subnacional-, y encontró tres riesgos principales:
1. La inversión pública en los estados continúa dependiendo de la inversión federal. Entre 2015 y 2021, la inversión federal representó, en promedio, 76% de la inversión pública total en los estados. En este período, la inversión subnacional como composición de la inversión total se ha mantenido consistentemente por debajo de un tercio.
2. Contra toda recomendación internacional, la inversión federal sigue concentrándose en energías no renovables. En México, el sector que mayor proporción de inversión pública ha recibido desde 2015, con casi tres cuartas partes del total, es precisamente el de hidrocarburos. Este resultado contrasta con el desempeño financiero de Pemex que, en el cuarto trimestre de 2022, presentó un patrimonio negativo con 4.01 billones de pesos en pasivos y solo 2.17 billones de pesos en activos. En general, a nivel internacional, las proyecciones de oferta y demanda de energía coinciden en la necesidad de transitar hacia la inversión en energías renovables para lograr una sostenibilidad energética y, de esta manera, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
3. En nuestro país, la inversión pública difícilmente puede medirse para rendir los frutos que requiere. Por un lado, en el marco regulatorio mexicano, la definición de inversión pública continúa refiriéndose únicamente a obra pública que solo es un subconjunto de la inversión total, en lugar de incluir infraestructura de manera más amplia como lo hacen las mejores prácticas internacionales. Por el otro, existen discrepancias y ambigüedades en la manera de medir la inversión pública a nivel federal y estatal que generan, en la práctica, un problema de gobernanza y gestión de dicha inversión. Consecuentemente, es muy difícil precisar si el uso de estos recursos públicos realmente representan inversión pública que genere crecimiento económico, o no.
Hablar de inversión pública es el primer paso para actualizar la definición de inversión pública y por ende mejorar su medición y utilidad.
Por ello, el IMCO Propone:
- Cambiar, desde la ley, la definición actual de inversión pública.
- Erradicar las discrepancias y ambigüedades en la medición de la inversión pública entre entidades y Federación para mejorar su gestión.
- Identificar las necesidades en infraestructura de los estados para poder aumentar y enfocar su propia inversión.
- Revisar los criterios y mecanismos de distribución de los recursos en inversión pública que destina el gobierno federal hacia los estados.
- Transitar hacia una inversión pública en energías renovables, considerando las necesidades y los retos en materia de cambio climático.
*Este análisis únicamente contempla, en el caso de la inversión federal en los estados, el Capítulo 6000 del Clasificador por Objeto del Gasto de 2015 a 2022 y lo presupuestado para 2023 y, en el caso de la inversión estatal, el capítulo de Inversión Pública en el Clasificador por Objeto del Gasto del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que se refiere a la información financiera de los poderes ejecutivos estatales.