La construcción del aeropuerto es una discusión que parece no tener fin. Hace 18 años, el Gobierno federal presentó un proyecto para la creación de un nuevo puerto aéreo en Texcoco. En agosto de 2002, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que optaría por una ampliación al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Las expropiaciones de tierras ejidales en San Salvador Atenco que el gobierno decretó, se echaron para atrás. Se dijo que la gran lección para el Gobierno fue que las decisiones deben ser consensuadas antes con todos los involucrados.
Pasaron dos sexenios para que el Gobierno de la República retomará la construcción de esta megaobra. En esos 12 años, se tuvo tiempo de satisfacer una serie de requisitos que incluyen la planeación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la compra de terrenos, permisos ambientales, de seguridad aeronáutica, arqueología, estrategia de viabilidad, entre otros.
El anuncio de la cancelación del proyecto de obra pública más grande de la historia de México generó un sinnúmero de opiniones a favor y en contra, dependiendo el foro. Lo único que no quedó en duda es la saturación que hoy sufre el AICM.
Los datos no mienten: México ocupó el lugar 67 de 137 en calidad de infraestructura aeroportuaria y el último lugar en logística comercial entre países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos; el AICM tiene capacidad para 61 operaciones por hora, pero tan solo en 2014, rebasó ese número en mil 801 ocasiones. Además, el actual aeropuerto está en declaratoria de saturación.
La cancelación de una obra de este tipo no debe considerarse a la ligera. El Instituto Mexicano para la Competitividad detectó que había riesgos de corrupción en el NAIM, sin embargo, la solución más eficiente era reponer procedimientos, no su cancelación. El costo de esta decisión no solo es económico (al menos 270 mil millones de pesos). La pérdida también es de competitividad: no somos capaces de atraer, retener y generar talento e inversión. Perdimos certeza en la inversión, trabajos, conectividad, seguridad, derrama económica y ventaja geográfica. La certeza se perdió por la cancelación.
La decisión de habilitar la base aérea de Santa Lucía comenzó a ejecutarse. Se contemplan recursos públicos para tal efecto, y se pusieron en marcha los diversos y complejos trámites exigidos por la ley. El lunes pasado, el colectivo #No- MásDerroches obtuvo 7 suspensiones (4 provisionales y 3 definitivas) que ordenan detener los actos de las autoridades durante el tiempo que duren los juicios de amparo. Es decir, no puede hacerse nada en Santa Lucía ni destruir los avances en Texcoco hasta que el Gobierno cumpla con todos los requisitos legales.
El derroche no proviene de la construcción del NAIM, sino de su cancelación. El presidente López Obrador estimó que finalizar la construcción del NAIM costaría alrededor de 88 mmdp, cifra menor que los 270 mmdp que costará su cancelación. Esto sin considerar los costos de la habilitación de Santa Lucía. La historia tiene la misma trama en el aspecto ambiental.
Combatir el despilfarro no es solo tarea de los gobiernos. Los ciudadanos debemos ocuparnos y apropiarnos de los problemas públicos. Una contradicción: por la austeridad republicana, el Gobierno está dispuesto a pagar cualquier precio. El Nuevo Aeropuerto Internacional de México seguirá dando vida a una historia sin fin. Los amparos y las suspensiones presentadas comprobarán si en efecto, al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.
Publicado por El Sol de México
20-06-2019