Colaboración

Histórico: Suprema Corte acepta amparos contra la corrupción

El miércoles 11 de marzo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en definitiva un amparo (A.R. 323/2014) interpuesto por Aprender Primero, A.C., brazo jurídico de Mexicanos Primero, que busca frenar el desvío millonario de recursos a favor del SNTE, la CNTE, aviadores, comisionados sindicales, trabajadores administrativos y otros usos indebidos del gasto educativo.
Por unanimidad, los Ministros Pardo Rebolledo, Sánchez Cordero, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea y Gutiérrez Ortiz Mena votaron a favor de ampliar la posibilidad para que organizaciones de la sociedad civil puedan acudir al amparo, en defensa de los derechos humanos de terceros, al reconocer a Aprender Primero su “interés legítimo” en este asunto.
Aunque todavía no se conocen los detalles de la sentencia, presumimos que la resolución de la Suprema Corte obliga a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a iniciar y concluir los procedimientos de responsabilidad contra los servidores públicos federales y locales, en todos y cada uno de los casos detectados de desvío de recursos públicos destinados a la educación. En caso de que la ASF decidiera no iniciar los procedimientos correspondientes, deberá fundar y motivar sus razones para ello.
En ese sentido, la Suprema Corte obligaría a la ASF a que no sólo informe de los presuntos daños al erario público federal que se reportan cada año por cantidades millonarias, como lo ha hecho hasta ahora, sino a actuar en todos y cada uno de los casos detectados, para recuperar los recursos públicos desviados, procesar a los culpables, o fundar y motivar en los casos en que no inicie el procedimiento de responsabilidad.
Esto significa que la ASF debería buscar en todos los casos regresar a la bolsa educativa los recursos que hayan sido desviados para fines distintos a los que determina la ley, así como castigar a los responsables de dichos desvíos, incluyendo a quienes pagan y a quienes reciben.
Este amparo fue promovido en febrero de 2013 utilizando como pruebas los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas 2009 y 2010 elaborados por la misma ASF. En dichos informes la Auditoría presumía daños a la Hacienda Pública Federal por más de 30 mil millones de pesos por el indebido uso del recurso educativo.
Esta resolución de nuestro máximo tribunal es un gran avance en materia de defensa del derecho a la educación de calidad y de los derechos humanos en general, pues abre la posibilidad de que, en futuras ocasiones, no sólo sea Aprender Primero quien defienda el derecho de los niños, y de las personas, sino otras organizaciones de la sociedad civil que acudan a nuestras cortes para hacerlo exigible.
Esperamos que en un futuro, sentencias como ésta puedan obligar también a otras autoridades encargadas del ejercicio, control y supervisión del gasto, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. Esto a efecto de que toda la fuerza del Estado y de la ley se utilicen para evitar y en su caso sancionar el uso indebido del recurso educativo.
Con esta resolución ganan las niñas, niños y jóvenes de México, los verdaderos maestros, la reforma educativa, la defensa de los derechos humanos y el uso más eficaz y transparente de los recursos públicos.

Texto e imagen tomados de Mexicanos Primero y del blog de Luis Manuel Pérez de Acha