Comencemos por entender la actividad laboral de las mujeres a nivel agregado. ¿En qué condiciones laboran las mujeres en México?1 Existen 53.8 millones de mujeres en edad de trabajar (15 años y más). De estas, 24.3 millones están ocupadas, y entre ellas, 17.9 millones lo hacen en trabajos subordinados y 6.3 millones más trabajan de forma independiente.
Al analizar a estos dos grupos es posible entender la realidad de las mujeres que participan en el mercado laboral con mayor detalle. Del total, 68.9% recibe una remuneración (16.7 millones), 22.8% labora por cuenta propia (5.5 millones), 5.2% no recibe remuneración por su trabajo (1.2 millones) y 3.1% son empleadoras (746,000).
En México, persiste la práctica de delegar prácticamente la totalidad de las labores del hogar a cargo de las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. No sólo se trata del cuidado de niños y niñas, o de personas de la tercera edad. En su mayoría, las mujeres dedican tiempo a labores del hogar no remuneradas que se relacionan con el cuidado de todas las personas que lo habitan.
A pesar de esto, 1.7 millones de mujeres, el 7.2% de las que participan en el mercado laboral, trabajan menos de 35 horas a la semana y están dispuestas a destinar a ello más tiempo. Lo cual es indicio de que, a pesar de la carga asimétrica en labores de cuidado en el hogar, las mujeres podrían contribuir con mayores ingresos a sus familias. De ahí que no resulte sorpresivo que 55% trabaje en la informalidad.
Qué significa esto, que de cada diez mujeres, alrededor de cinco o seis no cuentan con seguridad social, lo que les brinda atención médica, la posibilidad de ahorrar para el retiro, acumular recursos en una cuenta de vivienda para adquirir una casa, ni acceso a prestaciones salariales como el derecho a un aguinaldo, prima vacacional, vacaciones con goce de sueldo y, en muchos casos, acceso a esquemas de ahorro de corto plazo.
Las cifras del mercado laboral son contundentes al respecto. La industria manufacturera es el sector económico de nuestro país que más emplea personas en condiciones de formalidad, sin embargo, en casi la totalidad de los estados emplea más hombres que mujeres.
Si pensamos por un momento que esto puede tener una explicación atribuible al tipo de labores de hogar no remunerados, el análisis sobre otros sectores productivos arroja el mismo resultado: las mujeres tienen tasas de informalidad más altas independientemente del sector en el que laboren. Dicho de otra forma, las mujeres consistentemente buscan empleos que les brinden mayor flexibilidad porque están a cargo de más tareas en su día a día.
Impacto en la brecha salarial por género
Por supuesto, esa búsqueda de flexibilidad se refleja en los salarios. La existencia de una brecha salarial por género es señal de la forma en que el mercado ajusta la disponibilidad diferenciada de tiempo que tienen hombres y mujeres no sólo para laborar en sus espacios de trabajo, sino también para atender imprevistos y labores fuera del horario habitual. Asimismo, el análisis de brechas también refleja las barreras que tienen las mujeres para acceder a puestos de trabajo a nivel directivo.
“Mujeres en las empresas”, un estudio que publicó el IMCO recientemente, muestra que sólo 13% de las mujeres ocupa un puesto en los consejos de las empresas del país que cotizan en bolsa, esto es, las que están sometidas a un gobierno corporativo y rinden cuentas a sus inversionistas y accionistas de forma periódica. Son las más transparentes en el ecosistema y, por ende, evidencian apenas la punta del iceberg de dicha realidad.
Uno de los planes más ambiciosos de la administración federal que recién comienza consiste en encontrar los mecanismos para cerrar estas brechas. Las vías para impulsarlo están en igualar las condiciones de formalidad en que laboran las mujeres con las de los hombres, lo que a su vez apunta a igualar la búsqueda de flexibilidad que ambos grupos requieren y, por ende, a la asignación de tareas de cuidado en el hogar.
Las iniciativas que se han presentado hasta ahora se dirigen en la dirección correcta, pero aún se requiere trabajar en su implementación. Para lograrlo, resulta indispensable una intervención de política pública basada en datos, enfocada en identificar los obstáculos que enfrentan las mujeres, que en la práctica se traducen en salarios relativamente más bajos. Ese costo debe socializarse más, porque el beneficio de una mayor participación de las mujeres se reflejará en un mayor crecimiento del país y ese sí brindará una externalidad positiva para el país en su conjunto.
Publicado en El Economista
26-11-2024
