El voto de la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el pleno de la Cámara de Diputados definirá más que el futuro del sector. En el fondo, lo que está en juego es el rumbo de México. En un contexto global convulso, causado por la crisis del Covid-19, los países exitosos en la recuperación económica serán aquellos que apuesten por la competitividad, es decir, por la capacidad para atraer y retener inversiones y talento. La iniciativa enviada por el presidente López Obrador para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a costa de los jugadores privados va en el sentido opuesto.
La pérdida de competitividad está relacionada con el mayor costo de generación al transitar de un modelo de despacho basado en eficiencia económica a uno basado en la propiedad de las centrales donde se priorizan los combustibles fósiles de la CFE. De igual manera, se desvirtúa el objetivo de los Certificados de Energía Limpia al relajar los criterios para su otorgamiento y se da discrecionalidad a la subsidiaria de Suministro Básico para adquirir energía sin recurrir a subastas. Estos cambios dificultan y encarecen la operación de empresas intensivas en electricidad. No se trata exclusivamente de los precios de la energía, sino de calidad en el servicio. Un ejemplo ilustrativo son las granjas de servidores digitales en la nube que al día de hoy no se instalan en México por la falta de un suministro confiable de electricidad a la altura de sus necesidades.
La cuestión ambiental impacta de igual forma la competitividad de los países. El gobierno federal comete un grave error al no concebir la transición energética como una ventaja competitiva. El deterioro no sólo afecta el medio ambiente y la salud de los ciudadanos, sino también el potencial del país para atraer inversión. Las acciones en materia de transición energética y los criterios de sustentabilidad son cada vez más relevantes al momento de tomar decisiones de inversión por parte de los fondos y empresas multinacionales. Inclusive se corre el riesgo de eventualmente enfrentar barreras comerciales en la medida que el medio ambiente y el cambio climático tomen protagonismo en la política comercial.
A largo plazo, sin embargo, el principal impacto para la competitividad del país es la pérdida de confianza en el Estado mexicano. Eliminar los permisos de autoabasto o volver inviable la operación de los Productores Independientes de Energía implica aplicar una ley de forma retroactiva en detrimento de los derechos de los inversionistas.
Aprobar una reforma que no es congruente con la Constitución ni con los tratados comerciales internacionales de los que México es parte manda el mensaje de que el país no está dispuesto a honrar con sus compromisos, que es posible hacer modificaciones retroactivas a las leyes y volver inviables las inversiones ya establecidas. En un momento donde una prioridad para el gobierno federal debiese ser captar inversión y talento, la señal es demoledora para las perspectivas de recuperación económica del país. El precio de apostar en contra de la competitividad es alto y lo pagaremos todos los mexicanos.
Publicado por Reforma
23-02-2021
