El primero de octubre el presidente envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional en materia energética. Durante los primeros tres años de la actual administración se impulsaron reformas legales y cambios regulatorios para desmantelar la reforma de Peña Nieto en este sector. El apoyo del gobierno federal a Pemex y CFE se ha incrementado año con año, esto pintaría bien en una realidad alterna. En la práctica, los consumidores nos veremos afectados, la inversión disminuirá y habrá más contaminación.
En 2013, el gobierno federal inició las reformas estructurales, una de las más importantes, la del sector energético. Esta reforma generó un nuevo modelo de mercado, caracterizado por la apertura, la competencia y la integración de las mejores prácticas internacionales. Al día de hoy, las empresas privadas pueden generar y vender energía en el nuevo mercado eléctrico mexicano. A pesar de que este mercado no ser perfecto, se generaron incentivos para invertir en fuentes de energía más limpias y renovables como la solar o eólica.
En febrero de este año, el presidente envío al Congreso una iniciativa que reformó la Ley de la Industria Eléctrica. Una vez aprobada, se modificó la inyección de energía en la red, favoreciendo a la CFE con sus centrales generadoras, dejando de lado energías baratas y limpias. Actualmente esta reforma está en revisión en distintas instancias judiciales, no solo por afectación a derechos y patrimonio de las empresas, sino por inconstitucional. Cuestión que molestó al presidente, ante lo cual anunció, en distintas ocasiones, que de ser necesario cambiaría la constitución. Eso es lo que estamos por presenciar.
Las reformas constitucionales, legales y administrativas son siempre necesarias para adaptar las reglas a los distintos contextos. Lo alarmante de esta reforma es que a pesar de contar con toda la evidencia, en lugar de perfeccionar las reglas en el sector, retrocede en los avances logrados. Dentro de los múltiples cambios que plantea la reforma energética preocupan principalmente tres.
1) De acuerdo con datos del propio gobierno, la CFE genera electricidad hasta 252% más cara que el sector privado. Mientras que las subastas de largo plazo lograban un costo promedio de $401 pesos por megawatt-hora, el costo de la CFE es de $1,413 pesos. Esto solo puede ocasionar dos cosas: pagaremos mayores tarifas o se gastará más en subsidios, que se pagan con nuestros impuestos.
2) La desaparición de los órganos reguladores: la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Sus funciones pasarán a la Secretaría de Energía. Mientras que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se incorporará a la CFE. Además trasforman a la CFE de empresa productiva a un organismo del Estado y a la Administración Pública Federal en juez y parte del “mercado” eléctrico.
3) La desaparición de los Certificados de Energías Limpias, que tenían como propósito incentivar la generación de nueva energía no contaminante. Además favorece a la CFE con al menos el 56% del mercado, cambiar las reglas afectado a los inversionistas por incrementar la incertidumbre jurídica y acelerar la huida de inversión del país.
Ojalá en la discusión legislativa se analice a profundidad las implicaciones de esta reforma energética, que de inicio, no resuelve las ineficiencias de la CFE ni mejora la calidad del servicio, afecta la generación de energía limpia y desincentiva la inversión. En pocas palabras, nos regresa a la era del carbón.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan la postura institucional.
Publicado en El Sol de México.
04-10-2021
