En 2021, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) nos costará 905 millones de pesos. ¿Esto es mucho? Considerando que esta cifra representa tan solo el 0.01% de los más de 6 billones de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la respuesta es no.

El Instituto contará con poco más de 900 millones de pesos para garantizar el derecho de las personas a acceder y solicitar información pública, así como asegurar que las instituciones de gobierno la entreguen y publiquen en tiempo y forma.

En contraste, el presupuesto aprobado para este mismo año para proyectos de infraestructura como el Tren Maya será de 36 mil millones de pesos, casi cuarenta veces más de lo destinado al Inai.

En los últimos días, el presidente López Obrador anunció que presentará un plan de reforma para que las Secretarías de Estado absorban las funciones de algunos organismos autónomos, entre ellos el Inai, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con el objetivo de evitar duplicidad de funciones, ahorrar recursos y destinarlos a la atención de la pandemia.

En el discurso, parece una propuesta atractiva. ¿Cuál sería el problema de trasladar las funciones de un organismo -autónomo- a una dependencia de gobierno, si esto genera ahorros? En conjunto, los organismos autónomos no representan siquiera el 1% del PEF, por lo que este plan no puede ser entendido bajo un razonamiento de austeridad. Además, si estos generan beneficios para las personas, ¿es necesario limitar su gasto?

Si bien, las medidas de austeridad implementadas por el gobierno federal en años pasados se caracterizaron más por su similitud a realizar una cirugía con machete que con bisturí, en esta ocasión, el ataque a los organismos autónomos sí puede considerarse como un tiro de precisión. ¿Por qué, a pesar de representar una fracción minúscula del gasto, el presidente insiste en desaparecer los organismos autónomos?

El verdadero costo de los organismos autónomos no está en el presupuesto destinado a su operación, o al menos no para el poder. Si no que recae en la capacidad de estas instituciones de tomar decisiones ajenas a la voluntad política del gobierno en turno.

La autonomía incomoda. En el caso de organismos como el Inai, el IFT y la Cofece, significa que operan independientemente de los ciclos políticos. La toma de decisiones y la operación diaria es realizada con base en la especialización, no en los intereses políticos y económicos.

Atentar contra la autonomía presentaría escenarios poco realistas. La Secretaría de la Función Pública sería la encargada de publicar información sobre contratos y convenios entre dependencias, información que, en 2017, permitió destapar uno de los escándalos de corrupción más grandes en México: la Estafa Maestra. Al mismo tiempo, implicaría contradecir a la oficina del Presidente. De nuevo, difícil de imaginar.

Por otro lado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes absorbería las tareas del IFT. Al hacerlo, ¿es posible asegurar que no habrá barreras para nuevos competidores en el sector de telecomunicaciones? Es un sector con importantes áreas de oportunidad, sin embargo, eliminar la autonomía no las soluciona, al contrario, abre espacios de discrecionalidad en las decisiones.

Como toda institución, los organismos autónomos se enfrentan a constantes cambios que implican repensar los objetivos, los aciertos y las fallas. Esto es fundamental y se debe hacer. Sin embargo, la autonomía no es un error. Genera certeza para la ciudadanía, el mercado y la competitividad del país. Permite tomar decisiones con base en la profesionalización y rigor técnico y garantiza derechos. La incomodidad no tiene por qué pesar más.

Publicado por Animal Político
14-01-2021