La política energética del gobierno federal no es buena para los mexicanos. Está centrada en una lucha por mantener y expandir el poder en turno, pero no es la que necesita la economía nacional, carece de una visión de Estado y es fiscal y ambientalmente irresponsable.
En el sector energético se juega el potencial económico de México y también la calidad de sus instituciones democráticas pues, como Terry Lynn Karl advierte en sus estudios acerca de los Estados rentistas, la construcción institucional sobre la extracción de recursos naturales produce debilidades fiscales, patrones de gasto con fines políticos, mala rendición de cuentas y poca participación ciudadana.
México necesita un sector energético que procure prevenir y mitigar el daño ambiental, facilitar la transición hacia una economía con menos huella de carbono, crear empleos y atraer industrias de alto valor agregado. En resumen, nuestro país necesita un sector energético competitivo, y tener a la población y al medio ambiente al centro.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha desarrollado una visión de política energética con una óptica realista y sobre los principios de sostenibilidad, competencia y responsabilidad fiscal. A esta visión la llamamos "La energía que queremos".
Si buscamos un sector energético que sea confiable, limpio y competitivo, se necesita infraestructura, regulación y certidumbre jurídica en todos los aspectos: de la producción de hidrocarburos hasta la comercialización de combustibles; desde la generación hasta el consumo eléctrico.
Una necesidad esencial es que la política energética deje de ser política fiscal. Se debe desacoplar el presupuesto federal de los ingresos petroleros y financiar la transición energética con la máxima renta petrolera que se pueda obtener a través de inversión pública y privada. En vez de perseguir la quimera de que Pemex sea palanca del desarrollo nacional, la empresa pública debe convertirse en palanca de la transformación tecnológica de México y promover la justicia intergeneracional; para lograrlo, hay que darle alternativas para emprender alianzas operativas y financieras, en lugar de carretas llenas de recursos públicos que son más necesarios para construir escuelas, carreteras y hospitales.
La seguridad energética implica tener más, no menos alternativas para obtener energía confiable y a precios competitivos. En este sentido, el reto más grande e inmediato no se encuentra en las gasolinas, sino en el suministro de gas natural, que ya representa casi la mitad de toda la oferta energética primaria en el país. Los hogares, el comercio y las industrias dependemos del gas natural para nuestras actividades diarias. En este sentido, lo que necesitamos es mejorar la infraestructura de almacenamiento -actualmente México solo puede guardar gas para 2.4 días- para hacerles frente a las potenciales disrupciones en los mercados.
La electrificación de la economía y la movilidad seguirán avanzando. Para tener un uso más eficiente del gas natural, mitigar el cambio climático y construir un país más competitivo, una matriz de generación más diversa y menos contaminante será decisiva. Para esto se necesita más inversión en energías renovables, y aquí la participación privada es crucial, como lo es que la CFE incremente sustancialmente sus inversiones en las redes de transmisión y distribución.
Para tener seguridad energética y promover una economía sostenible no hacen falta grandes cambios en el marco normativo. Con algunas actualizaciones legales y reglamentarias que encaucen mejor los recursos públicos y logren un desempeño institucional que detone la inversión pública y privada, podemos alcanzar un sector energético que funcione para todos y no solo para la clase política y sus compadres.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan la postura institucional.
Publicado en Reforma.
09-09-2022
