La paralización del INAI representa un retroceso histórico en el derecho constitucional de acceso a la información
- La labor del INAI es fundamental para la rendición de cuentas por parte del gobierno, la sostenibilidad de la democracia y la competitividad de México.
- El Senado de la República ha paralizado la operación del Pleno del INAI y, por ende, su capacidad para revisar y resolver inconformidades.
- La magnitud del impacto de la omisión del Senado asciende a al menos 8,434 recursos de revisión sin resolver por parte del Pleno del INAI.
- Esta paralización viola el derecho de las personas a acceder a información pública y envía un mensaje de incertidumbre y desequilibrio de poder.
El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) es el organismo constitucional autónomo que garantiza el cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Es decir, el INAI se encarga de que las autoridades públicas -sean instituciones o personas- entreguen, en tiempo y forma, la información pública que las y los ciudadanos solicitan. Al mismo tiempo, garantiza el uso adecuado de los datos personales y los derechos que toda persona tiene sobre su información. Es decir, el INAI contribuye directamente a mejorar la rendición de cuentas por parte del gobierno y por ende la interacción e interlocución que tienen con la ciudadanía.
No obstante, desde abril de 2022, el Senado de la República ha paralizado la operación del Pleno del INAI. Para poder sesionar, dicho Pleno debe contar con al menos cinco de sus siete comisionados. Por ley, cuando el periodo de una o un comisionado vence, el Senado debe nombrar a la o el sustituto. Entre abril de 2022 y febrero de 2023, el Senado no nombró a dos comisionados pendientes; cuando por fin lo hizo en marzo de 2023, el Presidente de la República vetó los nombramientos. Desde el 1 de abril pasado, el Senado no ha nombrado al -ahora- tercer comisionado pendiente y no podrá hacerlo antes de reanudar su período ordinario de sesiones en septiembre próximo. Por este motivo, el Pleno ya no puede operar.
Ante este panorama, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) identifica tres riesgos principales para el desarrollo democrático de México:
- Una violación del derecho constitucional de las personas a acceder a información pública. Entre abril y septiembre de 2023, cuando se reanude el periodo ordinario del Senado, el Pleno del INAI habrá dejado de sesionar 22 veces aproximadamente. Si se considera que en los últimos cuatro años, el Pleno ha resuelto 383 inconformidades por sesión en promedio, entre abril y septiembre de 2023 se dejarían de revisar al menos 8,434 recursos (Ver tabla). En la historia del INAI jamás se había producido un rezago así.
- Un retroceso en materia de transparencia y por ende en la rendición de cuentas por parte del gobierno. Para poder llevar a cabo sus funciones, como toda institución pública, el INAI requiere de recursos suficientes, tanto humanos como presupuestales. Además de la imposibilidad del Pleno para sesionar, el presupuesto del INAI ha disminuido notablemente desde 2018 (Ver gráfica).
- Un desequilibrio de poder que plantea el incumplimiento de funciones de las instituciones públicas que ejercen un contrapeso. En una democracia, las instituciones representan contrapesos para un ejercicio equilibrado y efectivo del poder. A pesar de que el Poder Judicial ha ordenado al Senado llevar a cabo los nombramientos pendientes en cuatro ocasiones, el órgano legislativo no sólo no ha cumplido con su responsabilidad, sino que además ha ignorado la decisión judicial.
Por ello, el IMCO Propone:
- Exhortar al Senado a que nombre por lo menos a un comisionado o comisionada. Para ello, es fundamental que considere la evaluación de perfiles previamente realizada y, con base en este análisis, haga una propuesta de nombramiento durante las primeras sesiones ordinarias de septiembre, de tal forma que el Pleno pueda sesionar.
- Diseñar estrategias desde el Pleno del INAI para contrarrestar el rezago en los recursos de revisión que se acumularán en el tercer y cuarto trimestre del año. Los y las comisionadas del INAI podrían considerar reorganizar la periodicidad de las sesiones y contratar personal extra de forma temporal.
- Promover una iniciativa para que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establezca un límite de tiempo para realizar el nombramiento de comisionados y comisionadas. Actualmente, dicha Ley establece que el Senado de la República deberá acordar el procedimiento de nombramiento y sus plazos. Dado que esta flexibilidad ha generado obstáculos en la operación del INAI, es posible incluir un plazo límite en la legislación para la evaluación y nombramiento de perfiles.