Parece que enlistar el abecedario para reformar las leyes en materia electoral es la nueva normalidad en México. Hace unos días se presentó una nueva propuesta de reforma constitucional para ajustar, en realidad limitar, las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El “plan C”, o tal vez ya es “plan D”, fue presentado por los y las diputadas de todos los grupos parlamentarios de la legislatura actual, con excepción de Movimiento Ciudadano, el 23 de marzo. El objetivo es claro: buscan acotar la injerencia del Tribunal Electoral y aumentar las decisiones de los partidos políticos. Entre las decisiones se encuentra una fundamental y la razón de estas líneas: quién será responsable de garantizar el principio de paridad de género.
Las modificaciones constitucionales en materia de paridad de género pretenden, por un lado, que los partidos políticos sean los que establezcan las reglas para designar sus dirigencias, así como para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados.
Por el otro, la reforma asignaría la facultad exclusiva al Congreso para establecer las medidas afirmativas para el cumplimiento del principio de paridad de género y el acceso de personas pertenecientes a grupos vulnerables. De esta forma, las resoluciones del Tribunal Electoral se limitarían a lo establecido en la ley, lo que dejaría fuera cualquier posicionamiento u ordenamiento sobre las acciones afirmativas hacia la paridad.
Una de las acciones afirmativas para garantizar la paridad en los puestos de representación política más común es la implementación de cuotas, lo que significa reservar un porcentaje de puestos políticos y de titularidad para las mujeres, grupos vulnerables o minoritarios.
Las cuotas buscan compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos, en este caso el género. Es cierto: no son suficientes y tampoco deben ser permanentes, pero su duración está sujeta a cumplir con los resultados planeados y avanzar hacia una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la cual aún está pendiente en México.
Hace unos meses, la ministra Norma Piña Hernández lo expresó con total precisión. Ella y muchas otras juezas y magistradas son producto de una acción afirmativa, “somos cuota, orgullo”, afirmó. “Competimos solo entre nosotras porque desgraciadamente el piso todavía no está parejo. La competencia entre nosotras es férrea, es distinta, pero no por eso menos reñida.”
Las acciones afirmativas para contar con mayor representación política de las mujeres no suceden ni sucederán únicamente por la voluntad y discrecionalidad partidista. Requieren lineamientos, reglas del juego que cumplir y acatar.
Hoy, los partidos políticos demuestran que están a favor de la defensa de los derechos político-electorales, el Sistema Electoral Mexicano y las acciones hacia la representación e inclusión política de las mujeres. Claro, siempre y cuando esta lucha no impacte en la distribución de poder de las cúpulas partidistas.
Publicado en La-Lista.
20-04-2023
