Dicen por ahí que uno refleja sus prioridades en los presupuestos. En cierta medida estoy de acuerdo. No puedes decir que te interesa el desarrollo social y asignarle cero pesos. No puedes decir que te interesa la equidad entre hombres y mujeres mientras eliminas los recursos que le permitían a las mujeres una incorporación ligeramente más sencilla al mercado laboral mediante las escuelas de tiempo completo, las guarderías o la atención específica a ciertas enfermedades. No puedes hablar de un interés en el medio ambiente mientras asignas miles de millones a los combustibles fósibles.
Sin embargo, hay también áreas en las que uno gasta mientras pretendes que no sean relevantes en el gran esquema de las cosas. Tengo la impresión de que eso le está sucediendo a México con el tema de las pensiones.
Más allá de que los datos poblacionales llevan años diciéndonoslo, los datos de la ENIGH más reciente muestran un país de más personas mayores. Cada vez más hogares reportan tener más integrantes mayores de 65 años y menos bebés y niños. No estamos, desde luego, en la misma situación que algunos países europeos o que Japón, por ejemplo, pero vamos en camino y los datos solo lo confirman. La conformación de nuestra sociedad está cambiando y parece que no nos queremos dar cuenta. No hay, hasta el momento, planes de atender a ese grupo poblacional mediante proyectos específicos. La realidad nos va a alcanzar.
Sin embargo, el presupuesto de egresos lo va dejando claro año con año y es precisamente esa gradualidad la que quizás haya hecho que el tema no esté en el foco de las discusiones mediáticas.
En 2018, el presupuesto de egresos asignó un billón 126 mil 436 millones de pesos (en pesos comparables) para cubrir los pagos de todos los sistemas de pensiones y jubilaciones. Ese monto ya representaba 16% de todos los gastos para ese año. Para 2024, se estima erogar en pensiones y jubilaciones —tanto las pensiones contributivas como la universal— un billón 964 mil 49 millones de pesos (comparables), que representan 22% del presupuesto de más de 9 billones de pesos que se tiene contemplado para el año que entra.
Sobra decir que los sistemas de pensiones y jubilaciones no consideran en sus presupuestos la mayor presión sobre salud que viene aparejada. Hoy la población vive más años, pero con enfermedades más largas y más caras. Deberíamos de ver el presupuesto de forma integral en este tema. No son solo las pensiones y las jubilaciones, son también los sistemas de salud y de cuidados para un grupo poblacional que no hará más que crecer.
Estamos usando miles de millones de pesos en proyectos de infraestructura —falta ver si podemos ponerles el adjetivo de “productiva”, aunque tengo todavía dudas al respecto— que discutimos sin pausa. Al Tren Maya se le darán el año que viene 120 mil millones de pesos. Al AIFA, 1,500 millones y un peso. A Dos Bocas le seguiremos metiendo recursos al igual que al Corredor del Istmo. Pero si sumamos todos los recursos asignados a esos proyectos “prioritarios” suman cerca de 222 mil millones de pesos. Sí, sin duda una cantidad importantísima de recursos, pero que apenas llegan a 2% del presupuesto total.
Sigamos discutiendo el destino de cada peso de recursos públicos, es clave en una sociedad participativa, pero tengamos en cuenta donde está el problema. Si no se corrige de fondo el sistema de seguridad social de este país, la papa caliente presupuestal se irá convirtiendo poco a poco en una bomba de tiempo.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.
Publicado en El Universal.
19-09-2023
