Por: Clara Santos, pasante, Edith Hinojosa, investigadora, y Arturo Piñeiro, coordinador de Seguridad y Justicia del IMCO.
Modesto y Gabriel son amigos desde que eran niños. Una noche salen del restaurante de Modesto para ir a cenar a casa de Gabriel. En el trayecto atestiguan un accidente vial. El resultado: una persona atropellada. A los 45 minutos llega una patrulla con un policía, quien toma nota de lo acontecido para después establecer líneas de investigación. Modesto y Gabriel se mantienen al pendiente de la persona y sus pertenencias pues no puede moverse. En un abrir y cerrar de ojos, sus bienes desaparecen.
Al día siguiente, escuchan en la radio que la persona atropellada está en el hospital, sin posibilidad de identificarla, pues sus pertenencias fueron sustraídas del lugar del accidente. El locutor pide que los testigos se acerquen a las autoridades para encontrar a su familia y se inicie la investigación. Al instante, los amigos acuden a la fiscalía y colaboran en lo que pueden. Van escépticos y con dudas sobre si les harán caso; no quieren problemas, pero sí ayudar a las autoridades a encontrar al culpable.
Gabriel sabe que por cada 10 delitos denunciados en México, solo uno se resuelve. Además pocas personas se animan a levantar una denuncia, por lo que la “cifra negra” en el país es de 93 %. ¿Confiar o no en las autoridades de procuración de justicia? ¿Ayudar o no a la víctima? Tal vez sea solo una pérdida de tiempo. Son las preguntas que Gabriel no deja de hacerse. No es el único: 34% de los ciudadanos a nivel nacional consideran una pérdida de tiempo acudir a una agencia ministerial a denunciar.
Ambos saben los retos que enfrentan las autoridades. Es poco probable que se encuentre al responsable, ya que el primer respondiente (en este caso, el policía de la patrulla) no acordonó la zona al llegar al lugar del accidente y dejó perder objetos valiosos para la investigación. Si desde el inicio no se enlazan bien los elementos del hecho probablemente delictivo, puede que el asunto no llegue a buen puerto ni se abra una carpeta de investigación.
El IMCO examinó este tipo de situaciones en el estudio Justicia penal, justicia transparente, compilación de retos del acceso a la justicia en México. Durante cuatro años se revisaron mil 245 expedientes de robo y homicidio, se levantaron 355 encuestas a ciudadanos que acudían a las agencias del ministerio público, y se realizaron 612 entrevistas a servidores públicos. Para ello, se eligió el estado de Coahuila y sus fiscalías locales.
El IMCO encontró que el caso de Coahuila es un espejo de la debilidad institucional de las fiscalías en los estados. Identificó las malas prácticas que eran realizadas en el sistema penal inquisitorio mixto, antes de las reformas constitucionales de 2008 en materia penal y de 2011 en materia de derechos humanos, mismas que establecieron un sistema de justicia penal acusatorio oral. Documentó que, en muchos casos, estas siguen siendo replicadas por los procuradores de justicia. Pero también descubrió buenas prácticas innovadoras implementadas después de la reforma.
Un ejemplo de malas prácticas son las relativas a la protección de derechos humanos tanto de las víctimas como de los imputados. Solo en 8 % de los casos las víctimas fueron informadas sobre sus derechos, mientras que en el caso de los imputados casi 2 de cada 10 fueron informados por el ministerio público mediante la lectura de sus derechos. 13 % de ellos no tuvo acceso a su carpeta de investigación, aún cuando es parte de sus derechos.
Por otra parte, una de las buenas prácticas implementadas después de la reforma es el trato de los operadores jurídicos hacia los ciudadanos, pues 9 de cada 10 usuarios del sistema de justicia no tuvieron que ofrecer dádivas o regalos a los servidores públicos. Esto es un factor que puede incrementar la confianza en las autoridades encargadas de la procuración de justicia.
Un país con menores niveles de impunidad y mayor acceso a la justicia para las víctimas no solo es tarea de las autoridades, sino de toda la ciudadanía. Denunciar, darle seguimiento a los casos y ofrecer retroalimentación en el proceso penal es de gran relevancia para mejorar la labor de las fiscalías. Solo así podremos fortalecer el estado de derecho y lograr un país más competitivo.
Publicado en Animal Político.
30-06-2022
