Desde hace más de 2 años, las más de 300 organizaciones y personas que integramos el colectivo #FiscalíaQueSirva, hemos trabajado para construir una institución eficaz, autónoma e independiente a la altura de la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país. Poniendo en todo momento en el centro a las víctimas de la impunidad, construimos un diagnóstico y diversas propuestas técnicas sobre los cambios constitucionales y legales necesarios para transformar el sistema de procuración de justicia.

Las fuerzas políticas integrantes del anterior Congreso de la Unión nos negaron la posibilidad de avanzar en la ruta de la transformación de la procuración de justicia. Fue hasta después del proceso electoral que existió la posibilidad de acercar propuestas entre legisladores electos e integrantes del futuro gobierno con #FiscalíaQueSirva, #VamosPorMás, el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Las 15 mesas de trabajo conjuntas realizadas en agosto, dieron como resultado fue un proyecto de Ley Orgánica presentado formalmente en septiembre en el Senado de la República, que recogió la mayoría de nuestras propuestas para esa ley.

En las mismas mesas se reconoció las limitaciones para construir una institución con completa autonomía bajo el texto constitucional vigente, y hubo acuerdo en la necesidad de reformar el artículo 102, así como los siguientes artículos de la constitución

• Artículo 19 transitorio: Eliminación del pase automático de servidores públicos de PGR a FGR. Transición del personal basado en criterios de selección objetivos.
• Artículo 21: Sobre el no sometimiento de la justicia a políticas de seguridad (#SeguridadSinGuerra).
• Artículo 73 y 116: Sobre la responsabilidad y coordinación entre autoridades.
• Artículo 76: Sobre la objeción del Senado.
• Artículo 89: Para que el Presidente no tenga la facultad de remoción del Fiscal General.
• Artículo 102: Sobre el perfil y nombramientos basados en criterios que garanticen la autonomía; reglas para ordenar el sistema de competencia; la creación de una comisión de designaciones y un Consejo de la Fiscalía; criterios para remoción del fiscal; fiscalía de derechos humanos; derecho ciudadano a impugnar designaciones, entre otros.
• Artículo 116: Sobre las procuradurías estatales, autónomas y eficientes.
• Artículo 123: Sobre el Servicio Profesional de Carrera.

Por tanto, siempre fue un pendiente -y así lo manifestamos en todo momento- la reforma integral al artículo 102, pues cuestiones tan relevantes como la falta de salvaguardas suficientes en el proceso de designación y remoción del Fiscal General, no son posibles de subsanar desde la ley. Desde el primer acercamiento, los legisladores y futuros funcionarios fueron claros en que no realizarían reformas constitucionales en los primeros años del nuevo gobierno y que por el momento no había condiciones para reformar el 102 ni el resto de los artículos. Sin embargo, ahora que la mayoría legislativa del Congreso ha presentado una iniciativa para militarizar la seguridad pública y parte de la procuración de justicia desde la constitución, es fundamental reiterar el llamado a legisladoras y legisladores, para que se hagan las reformas que realmente son necesarias para consolidar la autonomía de la nueva institución.

Hoy que podría culminar en la Cámara de Diputados la aprobación de la Ley Orgánica, exhortamos a esta Cámara  a concretar la transformación real e integral del sistema de procuración de justicia, garantizando un buen modelo institucional y un mecanismo de designación del primer Fiscal General que recoja las salvaguardas que exigen los estándares internacionales para la designación y remoción de altas autoridades del Sistema de Justicia, lo cual no es posible bajo el modelo actual del artículo 102 que podría activarse en el Senado de la República una vez publicada la Ley y hecha la declaración de entrada en vigor de autonomía constitucional de la Fiscalía.

Estaremos vigilantes y dispuestos, como siempre, a contribuir desde nuestra experiencia y capacidades técnicas, para transformar la realidad del sistema de justicia y acabar con la impunidad que ha lastimado profundamente a México.