La vigesimosexta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26) que se llevará a cabo en noviembre será la primera ocasión en que los países se comprometan a metas de reducción de emisiones que vayan más allá del Acuerdo de París de 2015. La cumbre de Glasgow pondrá en el centro del debate el futuro del mercado energético y el gobierno mexicano, con sus esfuerzos por reconstituir el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al eliminar la inversión privada del sector energético, llega con poco para presumir.
El reto para los países ricos en recursos energéticos e históricamente productores de hidrocarburos pasa por dejar de concebirse como petroleros y replantearse como consumidores de energía. Para México esto representa un cambio de paradigma, implica despetrolizar la forma de entender la economía mexicana.
La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático publicó recientemente el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024. El documento enlista los objetivos prioritarios de la administración para combatir el cambio climático con una serie de estrategias y acciones puntuales de mitigación que van desde fortalecer la resiliencia y adaptabilidad de las comunidades, hasta acelerar la transición energética con la incorporación de energías limpias en la matriz energética.
El programa está anclado en tres premisas equivocadas. En primer lugar, parte de la aseveración implícita de que México es –y seguirá siendo– un país petrolero y no un importador neto de energía. A la petrolera del Estado no se le exige una estrategia de transición energética, ni métricas puntuales de reducción de emisiones. Pemex tendría que emular los pasos de sus contrapartes en el extranjero, tanto privadas como estatales, y desarrollar una estrategia ambiciosa de descarbonización para contribuir con los objetivos de reducción de emisiones del país y ser competitiva en los años por venir.
Segundo, se reafirman los compromisos plasmados en el Acuerdo de París de 2015 de reducir en 22 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero y en 51 por ciento las de carbono negro para 2030, así como de generar el 35 por ciento de energía eléctrica limpia para 2024. Sin embargo, de aprobarse la iniciativa de reforma constitucional para reconcentrar la industria eléctrica en la CFE, cumplir con estos objetivos se vuelve imposible al obstaculizar la entrada de nueva capacidad de generación eléctrica renovable y privilegiar las centrales de combustibles fósiles propiedad de la empresa productiva del Estado. Mientras el objetivo de la COP26 es ir más allá de París, México no va a cumplir sus compromisos de 2015. Al contrario, de aprobarse la reforma eléctrica, el país se presentaría en Glasgow en una posición precaria con un andamiaje institucional débil y un clima de inversión convulso, no sólo en el sector energético.
Finalmente, a pesar de las referencias a algunos esfuerzos internacionales de reducción de emisiones como los mecanismos de ajustes por carbono o el establecimiento de un precio internacional del carbono, el programa no contempla que México busque de forma proactiva aprovechar las tendencias globales para acelerar su transición energética. En el fondo, el documento supone que el país es una isla separada del resto del mundo. La autarquía nunca es deseable y menos en cuestiones que no reconocen fronteras. El éxito en descarbonizar y electrificar la economía mexicana depende de la capacidad del país de integrar un mercado energético de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. El gobierno federal debe reconocer la complementariedad de los tres países para acelerar el tendido de infraestructura renovable con una visión regional que apueste por la seguridad energética de América del Norte con infraestructura eólica y solar fotovoltaica que aproveche la diversidad geográfica del continente y una red de gasoductos competitiva que permita utilizar el gas natural como combustible de transición.
El desarrollo tecnológico generó una revolución energética que ha hecho de América del Norte una de las regiones más competitivas a nivel mundial. El país cometería un error al no aquilatar el valor de la integración como catalizador de la descarbonización de la economía.
Encomendar a un único actor –la CFE– la rectoría de la transición energética es un oxímoron. El desarrollo de energías limpias implica necesariamente descentralizar la toma de decisiones y la apertura a una multiplicidad de actores, estatales y privados, nacionales y extranjeros. La concentración monopólica terminará por anclar a México a un pasado de combustibles fósiles que no conduce al desarrollo ni a la competitividad. Con esa visión llega México a Glasgow.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan la postura institucional.
Publicado en El Universal.
06-10-2021
