Afines de abril, el Congreso aprobó la Ley Federal Anticorrupción. Esta nueva norma reconoce que para realizar un soborno se requiere al menos de dos participantes: un funcionario y un particular. La nueva ley asume que la corrupción no es un problema exclusivo de la autoridad, sino una patología compartida por los ciudadanos.
Discrecionalidad + opacidad = Corrupción. Esta definición aritmética establece que, además de dos participantes, un acto de cochupo también requiere de un contexto de turbia arbitrariedad. El funcionario público tiene margen de maniobra para administrar los tiempos y costos que tiene un particular en una transacción con el gobierno. El ciudadano hace un análisis sobre las ventajas y riesgos que conlleva el acto indebido. Esta mezcla de factores se deja a cocinar en un ámbito con bajo nivel de visibilidad y se completa la fórmula con que inició este párrafo.
Si se ejecuta bien, la nueva ley ayudará a modificar los incentivos de incurrir en actos de corrupción, a la hora de venderle bienes o servicios al gobierno federal. Una empresa podría pagar una multa de hasta 35% del valor total del contrato, en caso de que se le encuentre culpable de haber cometido una violación a la norma. La legislación también considera reducción de sanciones a las personas que presenten testimonios o evidencias para coadyuvar en la investigación. La ley es un avance, pero dista mucho de ser una pócima legislativa que, por la vía del milagro, resuelva el problema.
La nueva norma no toca los feudos estatales y municipales, donde ocurre buena parte de las transacciones entre los ciudadanos y la autoridad. Esta semana, el IMCO presentó el Reporte de Transparencia Municipal 2012, realizado en conjunto con la organización Global Integrity. El estudio busca evaluar la distancia entre el espíritu de las normas de transparencia y su aplicación en la realidad de 18 de los ayuntamientos y delegaciones más grandes del país. En el 50% de estos municipios, la información sobre la obtención de licencias de construcción es tan limitada o inexistente que resulta imposible saber cuáles son los requisitos para realizar el trámite. Sólo en Chihuahua, Mérida y Tijuana es posible hacer un seguimiento en internet del estatus que guarda la solicitud de licencia. En Culiacán y Nezahualcóyotl no se puede consultar en sus portales de transparencia la regulación municipal en materia de inspecciones de obra. En manos de un inspector-burócrata, el control sobre el factor sorpresa es un sinónimo de la discrecionalidad.
En seis municipios hay que presentarse personalmente en las oficinas municipales para conocer el estado de la solicitud. Un acto de corrupción requiere forzosamente de la interacción entre seres humanos. La visita en persona a las oficinas municipales parece una antesala perfecta para pedir mordida. Reducir la interacción directa entre funcionarios y ciudadanos a la hora de realizar un trámite es una forma de limitar las oportunidades de corrupción. Resulta imposible sobornar a las cámaras que toman la foto y aplican la multa de los vehículos que transitan a alta velocidad sobre el segundo piso del Periférico.
En este contexto institucional, la cadena de supermercados más grande de México se encuentra en medio de una investigación por uso de sobornos para obtener permisos de construcción. Lo más peculiar del caso Walmart es que todos los reflectores de la prensa y los políticos están enfocados en contra de la cadena de supermercados y no hacia los funcionarios municipales que presuntamente ordeñaron la discrecionalidad de sus cargos. ¿Hay algún municipio que tenga en internet los certificados de uso de suelo, para saber de antemano si en un predio se puede construir un centro comercial, un multifamiliar o un aeropuerto? La transparencia sobre las licencias de construcción y los usos de suelo le daría al traste a la fórmula del cochupo. Si saben de algún candidato que proponga la idea, por favor, avisen para darle mi voto
